Fuerza Republicana (FR) esperará hasta último momento (el plazo vence el domingo), para recurrir el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Este le ordenó a la Junta Electoral que sustancie la impugnación planteada contra la candidatura de Antonio Bussi a la intendencia de la capital. Al ex gobernador se le imputa falta de idoneidad moral por su actuación en el gobierno militar.
La estrategia bussista es atacar la sentencia firmada por Rodolfo Novillo y Enrique Guibert desde dos ángulos, para que el caso termine en la Corte Suprema de Justicia. FR presentará un recurso con el que objetará la constitucionalidad del fallo y sostendrá que la inhabilitación de la postulación de Bussi (tema aún no definido en la Junta Electoral) afectaría sus derechos como partido, ya que la resolución alteró el cronograma electoral y ya no podrían designar a un nuevo candidato.
Por el otro flanco, Bussi avanzará personalmente. Interpondrá un pedido de per saltum (salto de instancia procesal) para que la Corte revoque el fallo, por entender que las decisiones de la Junta Electoral -habilitó al militar retirado- no pueden ser revisadas en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El argumento de FR es que todo planteo contra una resolución del cuerpo que controla los comicios debería ser analizada directamente por la Corte, no por magistrados de menor rango jerárquico. La explicación es que, como la Junta está integrada por el titular del máximo tribunal de la Provincia y por el ministro fiscal (Antonio Gandur y Luis de Mitri, respectivamente), sus decisiones no podrían ser revisadas por cámaras inferiores. En FR ya tienen elaborados los dos escritos. Sólo esperan recibir mañana las opiniones de constitucionalistas como Gregorio Badeni, entre otros, para adjuntarlas.
Otro revés
Anoche, Novillo y Carlos Giovanniello rechazaron el recurso de aclaratoria de FR contra el fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. FR había pedido precisiones sobre los plazos previstos en el derecho electoral local y sobre cuál es la fecha límite para que la Junta Electoral se expida en forma definitiva sobre la postulación de Bussi. Los vocales contestaron que se trata de una incumbencia propia de la Junta al resolver la impugnación, en lo que también jugará la actitud de la demandada (FR).
La estrategia bussista es atacar la sentencia firmada por Rodolfo Novillo y Enrique Guibert desde dos ángulos, para que el caso termine en la Corte Suprema de Justicia. FR presentará un recurso con el que objetará la constitucionalidad del fallo y sostendrá que la inhabilitación de la postulación de Bussi (tema aún no definido en la Junta Electoral) afectaría sus derechos como partido, ya que la resolución alteró el cronograma electoral y ya no podrían designar a un nuevo candidato.
Por el otro flanco, Bussi avanzará personalmente. Interpondrá un pedido de per saltum (salto de instancia procesal) para que la Corte revoque el fallo, por entender que las decisiones de la Junta Electoral -habilitó al militar retirado- no pueden ser revisadas en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El argumento de FR es que todo planteo contra una resolución del cuerpo que controla los comicios debería ser analizada directamente por la Corte, no por magistrados de menor rango jerárquico. La explicación es que, como la Junta está integrada por el titular del máximo tribunal de la Provincia y por el ministro fiscal (Antonio Gandur y Luis de Mitri, respectivamente), sus decisiones no podrían ser revisadas por cámaras inferiores. En FR ya tienen elaborados los dos escritos. Sólo esperan recibir mañana las opiniones de constitucionalistas como Gregorio Badeni, entre otros, para adjuntarlas.
Otro revés
Anoche, Novillo y Carlos Giovanniello rechazaron el recurso de aclaratoria de FR contra el fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. FR había pedido precisiones sobre los plazos previstos en el derecho electoral local y sobre cuál es la fecha límite para que la Junta Electoral se expida en forma definitiva sobre la postulación de Bussi. Los vocales contestaron que se trata de una incumbencia propia de la Junta al resolver la impugnación, en lo que también jugará la actitud de la demandada (FR).







