Por Redacción Política
18 Marzo 2011
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Los expedientes judiciales actuales, cocidos y con tapas de cartulina, podrían haber comenzado su camino a la extinción. Se debe a que avanza en el país la voluntad de informatizar el Poder Judicial.
Un paso más en ese recorrido es un proyecto que fue aprobado por unanimidad el miércoles, en la Cámara de Diputados de la Nación, para propiciar el uso de las nuevas tecnología en el trabajo diario de la Justicia Federal.
La "Ley de Comunicación Electrónica Digital" llegó al recinto de la Cámara Baja con el visto bueno de las comisiones de Justicia y de Comunicación e Informática. La norma, presentada por el tucumano Alfredo Carlos Dato (Frente para la Victoria) durante el año pasado prevé la implementación de expedientes, documentos, comunicaciones, domicilios, firmas electrónicas y rubricas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan.
Más rápida y eficiente
En el texto, que espera su tratamiento en el Senado, se consigna que la forma de implementación sería gradual. Estaría instrumentada, en conjunto, por la Corte Suprema nacional y por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En los argumentos de la iniciativa, Dato reivindica el reclamo social de que los trámites en la Justicia deben ser más eficientes y más rápidos. "Hoy se advierte que gran parte del tiempo se emplea en el diligenciamiento de comunicaciones y de trámites que, de efectuarse en forma electrónica, reduciría notoriamente su duración. Para ello, el empleo de las nuevas tecnologías proporciona una herramienta que debe ser puesta al servicio de la Justicia", añade.
Además, Dato reseña que la Corte Suprema nacional asumió el diseño, la dirección estratégica y el liderazgo de un Plan de Fortalecimiento Institucional. "La evolución de ese esfuerzo, desarrollado en distintos niveles del Poder Judicial de la Nación por medio de iniciativas piloto de adhesión voluntaria, requiere hoy del dictado de normas que den sustento a las nuevas modalidades operativas", precisa.
El ex presidente de la Corte tucumana afirma que, para elaborar la iniciativa, estudió y revisó las experiencias de sistemas similares implementados en los poderes judiciales de otros países de la región. "Se trata de un dispositivo de carácter general, que faculta a la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación a implementarlo, lo que resulta pertinente dada la acelerada dinámica de cambio de todas las actividades con componente tecnológico", concluye.
Un paso más en ese recorrido es un proyecto que fue aprobado por unanimidad el miércoles, en la Cámara de Diputados de la Nación, para propiciar el uso de las nuevas tecnología en el trabajo diario de la Justicia Federal.
La "Ley de Comunicación Electrónica Digital" llegó al recinto de la Cámara Baja con el visto bueno de las comisiones de Justicia y de Comunicación e Informática. La norma, presentada por el tucumano Alfredo Carlos Dato (Frente para la Victoria) durante el año pasado prevé la implementación de expedientes, documentos, comunicaciones, domicilios, firmas electrónicas y rubricas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan.
Más rápida y eficiente
En el texto, que espera su tratamiento en el Senado, se consigna que la forma de implementación sería gradual. Estaría instrumentada, en conjunto, por la Corte Suprema nacional y por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En los argumentos de la iniciativa, Dato reivindica el reclamo social de que los trámites en la Justicia deben ser más eficientes y más rápidos. "Hoy se advierte que gran parte del tiempo se emplea en el diligenciamiento de comunicaciones y de trámites que, de efectuarse en forma electrónica, reduciría notoriamente su duración. Para ello, el empleo de las nuevas tecnologías proporciona una herramienta que debe ser puesta al servicio de la Justicia", añade.
Además, Dato reseña que la Corte Suprema nacional asumió el diseño, la dirección estratégica y el liderazgo de un Plan de Fortalecimiento Institucional. "La evolución de ese esfuerzo, desarrollado en distintos niveles del Poder Judicial de la Nación por medio de iniciativas piloto de adhesión voluntaria, requiere hoy del dictado de normas que den sustento a las nuevas modalidades operativas", precisa.
El ex presidente de la Corte tucumana afirma que, para elaborar la iniciativa, estudió y revisó las experiencias de sistemas similares implementados en los poderes judiciales de otros países de la región. "Se trata de un dispositivo de carácter general, que faculta a la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación a implementarlo, lo que resulta pertinente dada la acelerada dinámica de cambio de todas las actividades con componente tecnológico", concluye.
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