El gran capital político

Todas las grandes cuestiones que dieron lugar a la crisis que el país está tratando de superar tienen en común la pérdida creciente de la seguridad jurídica y el consiguiente colapso del estado de derecho. Inseparables, como las caras de una moneda, ambos valores constituyen los factores esenciales de certidumbre y confianza que habilitan a la Nación para el progreso y aseguran a la sociedad los frutos de su esfuerzo. Si bien la seguridad jurídica se asocia comúnmente al comportamiento de los jueces, las responsabilidades por su mantenimiento tienen el amplio ámbito de la gestión pública y la privada en lo que concierne al bien común. La función de la Justicia es, sin embargo, condición primaria para restaurar en plenitud el orden jurídico, dando certeza a los ciudadanos de que serán respetados sus derechos y libertades.
Por todo ello, la cuestión más acuciante de estos días concierne a la situación de la Corte Suprema, señalada por el grave desprestigio que afecta a la mayoría de sus miembros y especialmente a su presidente, Julio Nazareno, cuyo juicio político se halla a consideración del Congreso.
La Constitución nacional ha previsto las condiciones con que debe realizarse un enjuiciamiento de esa naturaleza, único medio posible para despojar a un integrante del tribunal supremo de su investidura. Se trata de un procedimiento que, salvo ligeras diferencias, rige en la generalidad de los países democráticos donde la separación de los poderes públicos es condición del estado de derecho.
Desde que en 1947 el flamante Gobierno peronista impulsó el juicio político al máximo tribunal para asegurarse, como los hechos demostraron, una composición afín con sus intereses, todos los que lo sucedieron -con excepción de los inconclusos de Arturo Illia y de Fernando de la Rúa- siguieron en mayor o menor proporción el perverso ejemplo. La consecuencia, cada vez más grave y notoria, fue la pérdida de credibilidad ciudadana en la Corte Suprema, y la indefensión manifiesta de derechos fundamentales avasallados por los poderes políticos, superados en la emergencia provocada por ellos mismos.
Es un proceso lógico que esa acumulación de desprestigio sobre la mayoría de los jueces del máximo tribunal, en más de medio siglo, haya derivado en un clamor generalizado para que se ponga fin a la situación. No es razonable dejar de advertir que, precisamente por tratarse de la Justicia, de la que depende la restauración del orden jurídico, el procedimiento a seguir no debe ser otro que el determinado por la Constitución, cuyo pleno acatamiento es condición ineludible del estado de derecho.
Esa exigencia debe cumplirse de manera insospechable, por lo que, si bien el mensaje presidencial que demandó al Congreso el juicio político a jueces de la Corte tuvo por sustancia muy buenas razones, constituyó una interferencia indebida, extraña al orden constitucional que se pretende proteger. Lo mismo debe señalarse respecto de la bienvenida intención oficial de asegurar para el futuro que las designaciones en el máximo tribunal de justicia se realicen eludiendo toda clase de intereses y compromisos como los que lo desprestigiaron. Lejos de ello aparecen las manifestaciones oficiales del ministro de Justicia y de otros funcionarios al asociar esa garantía de transparencia a relevos por el juicio político en curso, dando lugar a prejuzgamientos que oscurecen la gran causa depuradora de la Justicia. El presidente Néstor Kirchner ha suscitado en la sociedad argentina una confianza anticipada con muy escasos antecedentes, sin otro basamento inicial que su firme compromiso con la restauración del orden institucional. Ese es, sin duda, el gran capital político que, con sus colaboradores, debe preservar, empeñando en ello el mayor celo.