Por Redacción Política
12 Junio 2003
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El titular de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, quiere saber qué hizo la Junta Electoral a partir del fallo en el que se le ordenó que resuelva la impugnación a la candidatura de Antonio Bussi como intendente de la capital. Los organismos de derechos humanos sostienen que el ex gobernador no tiene idoneidad moral por su actuación en la última dictadura militar.
El camarista solicitó al titular de la Junta, Antonio Gandur, que remita todas las copias certificadas de las actuaciones. El objetivo es determinar las últimas acciones administrativas de ese cuerpo, teniendo en cuenta que a él se le ordenó que sustancie la impugnación (la Cámara no se expidió sobre la idoneidad moral). Gandur envió todo ayer mismo.
La Cámara aún no resolvió el último pedido de los organismos de derechos humanos. Estos solicitaron que se ordene a la Junta que no oficialice los mazos de boletas testigo -el plazo vence mañana- que postulan a Bussi. Una docena de sublemas de FR ya presentó los votos con la candidatura del ex gobernador, pero sólo fueron recibidos por la Junta y aún no fueron oficializados.
Los abogados Virginia Duffy y Gabriel Pereira requirieron una ampliación de la medida cautelar que permitió la inscripción de Bussi, pero en forma precaria y provisoria. El debate sigue. Los dirigentes de FR consideran que el ex gobernador puede ser candidato, y los impugnantes entienden que el fallo de la Justicia (firmado por Novillo y por Enrique Guibert), al disponer la revisión de la habilitación del postulante, es cosa juzgada y de ejecución inmediata. Esto -dicen- impediría su presentación a los comicios.
Los demandantes adjuntaron ayer una nota de respaldo internacional a la impugnación. Fue firmada por 50 docentes de universidades españolas (Complutense de Madrid, Girona, Carlos III, Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Alicante y del País Vasco) y mexicanas (Autónoma y de Guanajuato); y por ciudadanos e instituciones de España, Costa Rica, Puerto Rico, México, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
El camarista solicitó al titular de la Junta, Antonio Gandur, que remita todas las copias certificadas de las actuaciones. El objetivo es determinar las últimas acciones administrativas de ese cuerpo, teniendo en cuenta que a él se le ordenó que sustancie la impugnación (la Cámara no se expidió sobre la idoneidad moral). Gandur envió todo ayer mismo.
La Cámara aún no resolvió el último pedido de los organismos de derechos humanos. Estos solicitaron que se ordene a la Junta que no oficialice los mazos de boletas testigo -el plazo vence mañana- que postulan a Bussi. Una docena de sublemas de FR ya presentó los votos con la candidatura del ex gobernador, pero sólo fueron recibidos por la Junta y aún no fueron oficializados.
Los abogados Virginia Duffy y Gabriel Pereira requirieron una ampliación de la medida cautelar que permitió la inscripción de Bussi, pero en forma precaria y provisoria. El debate sigue. Los dirigentes de FR consideran que el ex gobernador puede ser candidato, y los impugnantes entienden que el fallo de la Justicia (firmado por Novillo y por Enrique Guibert), al disponer la revisión de la habilitación del postulante, es cosa juzgada y de ejecución inmediata. Esto -dicen- impediría su presentación a los comicios.
Los demandantes adjuntaron ayer una nota de respaldo internacional a la impugnación. Fue firmada por 50 docentes de universidades españolas (Complutense de Madrid, Girona, Carlos III, Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Alicante y del País Vasco) y mexicanas (Autónoma y de Guanajuato); y por ciudadanos e instituciones de España, Costa Rica, Puerto Rico, México, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
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