BUENOS AIRES.- Los jueces de la Corte Suprema están tratando de sofocar en su seno el ruido de las presiones sobre su presidente, Julio Nazareno, para que renuncie, y que culminó con la insólita carta del magistrado del tribunal, Juan Carlos Maqueda, difundida públicamente. Como era previsible y se señaló en este lugar, el escándalo va "?in crescendo", hasta el punto de convertirse en la más importante cuestión expuesta por el secretario de Estado, Colin Powell, al presidente Kirchner. La misiva de Maqueda a Nazareno fue escrita a medida de los desbordes retóricos de este último, pero ofrece un matiz muy vulnerable al provenir de un juez designado por Eduardo Duhalde, siguiendo el viejo estilo político por el que hoy reprocha el oficialismo al tribunal. En tales condiciones, a instancia de Antonio Boggiano, la Corte resolvió una vez más postergar por un mes el acuerdo sobre dolarización, quedando así a la espera de lo que resuelva la Comisión de Juicio Político de Diputados, en los casos de Carlos Fayt y Nazareno. Una espera larga, pues a poco de conocerse esa decisión, el titular de la comisión anunció que no habrá dictamen antes de fines de julio.
Error persistente
Como debe advertirse, es cada vez más difícil que el Poder Ejecutivo pueda salir indemne de su intromisión en un problema institucional que debió transcurrir exclusivamente por el Congreso. Para mayor abundancia en el error, desde el gobierno siguen partiendo disparos públicos -Justicia, Jefatura del Gabinete y Secretaría General de la Presidencia- apuntando al tribunal, y demostrando así una preocupación extrema ante la remota posibilidad de que el juicio político no cuente con suficiente apoyo parlamentario y tampoco renuncien dos o tres jueces. Esa tesis sobre las motivaciones del gobierno preocupa a los más suspicaces respecto de la recomposición futura de la Corte que, de acuerdo con las promesas oficiales, contaría con algún asesoramiento de instituciones académicas y entidades no gubernamentales. Debe señalarse que desde la restauración constitucional de 1983 no hubo un solo rechazo por el Senado de los jueces propuestos por sucesivos presidentes
La constitución formal de la Comisión de Acción Política dispuesta por el congreso justicialista, ha puesto fin por último a la presidencia del PJ a cargo de Carlos Menem, sin que éste pueda formalizar reparos, por haber concluido estatutariamente su mandato. El año próximo habrá elecciones para recomponer el consejo superior, pero hasta el momento persiste el propósito de Néstor Kirchner de no presidir el partido. La CAP fue constituida por gobernadores afines al jefe del gobierno, de tal manera que puede observárselos como un delfín colectivo que durante lo que resta del año no habrá de preocuparlo. Ese hecho y otras decisiones presidenciales -como las concernientes a las concesiones privadas de aeropuertos y el correo- dejando sin efecto medidas de último momento de Eduardo Duhalde, están evidenciando que Néstor Kirchner está muy lejos de volar por control remoto. (De nuestra Sucursal)
