Por Redacción Política
12 Junio 2003
Seguir en 
Cuatro jóvenes que trabajaban en el Bingo de la Caja Popular (CPA) habrían cobrado en negro entre dos años y cuatro años pese a que aparentemente estaban efectivas, situación que, aseguran, desconocían.
Ana Sansone (28) e Irene Sctyrmer (33) ingresaron en 1998, mientras que Ana Frías Legname (26) y Gabriela García (22) lo hicieron en 2000. Según relataron a LA GACETA, cobraron sin comprobantes desde el primer día, firmando una planilla de la que entregaron copia.
"De domingo a jueves nos pagaban $ 20 por jornada. Los viernes y los sábados recibíamos $ 25 -relataron-. Nos decían que figurábamos como promotoras y que por eso nos abonaban por jornada trabajada. No nos pagaban si descansábamos o si faltábamos por estar enfermas", indicaron.
En esas condiciones las mantuvieron hasta el lunes 12 de mayo. Al día siguiente, denuncian, el jefe de sala, Juan Pablo Antonio Zelarayán, les dijo que por orden de la gerencia no podían entrar a trabajar más. El miércoles 14 volvieron a cerrarles el paso pero, esta vez, las afectadas dejaron constancia en un acta notarial.
Los antecedentes
En diciembre de 2002, las cesanteadas se enteraron de que su condición laboral nada tenía que ver con la precariedad legal.Sansone lo supo cuando le negaron un certificado de "negativa de aportes" en la Anses, mientras García recibía, de la AFJP "Arauca BIT", una tarjeta de salutación por su cumpleaños. "Junto con nosotras, a casi todas las chicas del Bingo también empezaron a llegarles papeles de la AFJP donde figuraban los aportes", señalaron, mientras exhiben los registros.
"Llevamos el tema a un abogado (Arturo Alberto Figueroa), quien nos dijo que la documentación dejaba en claro que estábamos efectivas, pero sin gozar de esos derechos", apuntaron.
El 4 de abril, 29 de las 33 empleadas del salón del Bingo enviaron una nota a Antonio Corres, gerente de Telekino y Bingo Menores, para exigir la regularización. Aún conservan el duplicado con las firmas originales. Paralelamente, cursaron una nota similar a Carlos Cisneros, presidente del directorio de la CPA.
Como respuesta obtuvieron una reunión en la que, sostienen, estaban Corres, Zelarayán y Félix Tula, quien sigue a este último en orden de jerarquía. "Nos estaban esperando con los telegramas de renuncia de todas", aseveran. Mientras se desarrollaba el encuentro, relatan, llegó Raúl Bulacio, secretario gremial de la Bancaria, acompañado por la abogada Ana María Robles.
Según las denunciantes, Bulacio les pidió que dejaran de consultar abogados y les aseguró que no iba a haber cesantías. "Nos dijo que en 20 días todo quedaría solucionado -recuerdan-. Pero 20 días después nos despidieron".
El directorio inició una investigación
Consultada por la denuncia de las presuntas empleadas en negro, la Caja Popular de Ahorros (CPA) emitió un comunicado oficial para LA GACETA en el que expresa que la entidad, "por expresa disposición del directorio y, ante inspecciones realizadas por la AFIP, inició un proceso de regularización de la situación de los trabajadores eventuales que prestan servicios en la Sala de Bingo y de los correspondientes aportes patronales. Además, se inició una investigación administrativa para determinar quién o quiénes fueron responsables de la manutención de personal en condiciones irregulares de trabajo durante los últimos años".
En el documento se manifiesta que el Directorio de la CPA, "al tomar conocimiento de la situación manifiestamente irregular que venía sucediéndose en la Sala de Bingo, recabó la información a los gerentes y jefes de área y ordenó la inmediata puesta en marcha de un proceso de regularización de la situación con la AFIP. Esto se hizo mediante el pago de la deuda por la falta de aportes patronales y cargas sociales y por las multas aplicadas, a raíz de la existencia de personal no registrado".
Se indica, además, que se aplicó "un severo llamado de atención a los principales integrantes de la línea gerencial", pues hubo "onerosas imposiciones" de la AFIP. Y se informó que se lleva a cabo un proceso de llamado a licitación pública para contratar una empresa privada que provea el personal eventual para esa sala.
Ana Sansone (28) e Irene Sctyrmer (33) ingresaron en 1998, mientras que Ana Frías Legname (26) y Gabriela García (22) lo hicieron en 2000. Según relataron a LA GACETA, cobraron sin comprobantes desde el primer día, firmando una planilla de la que entregaron copia.
"De domingo a jueves nos pagaban $ 20 por jornada. Los viernes y los sábados recibíamos $ 25 -relataron-. Nos decían que figurábamos como promotoras y que por eso nos abonaban por jornada trabajada. No nos pagaban si descansábamos o si faltábamos por estar enfermas", indicaron.
En esas condiciones las mantuvieron hasta el lunes 12 de mayo. Al día siguiente, denuncian, el jefe de sala, Juan Pablo Antonio Zelarayán, les dijo que por orden de la gerencia no podían entrar a trabajar más. El miércoles 14 volvieron a cerrarles el paso pero, esta vez, las afectadas dejaron constancia en un acta notarial.
Los antecedentes
En diciembre de 2002, las cesanteadas se enteraron de que su condición laboral nada tenía que ver con la precariedad legal.Sansone lo supo cuando le negaron un certificado de "negativa de aportes" en la Anses, mientras García recibía, de la AFJP "Arauca BIT", una tarjeta de salutación por su cumpleaños. "Junto con nosotras, a casi todas las chicas del Bingo también empezaron a llegarles papeles de la AFJP donde figuraban los aportes", señalaron, mientras exhiben los registros.
"Llevamos el tema a un abogado (Arturo Alberto Figueroa), quien nos dijo que la documentación dejaba en claro que estábamos efectivas, pero sin gozar de esos derechos", apuntaron.
El 4 de abril, 29 de las 33 empleadas del salón del Bingo enviaron una nota a Antonio Corres, gerente de Telekino y Bingo Menores, para exigir la regularización. Aún conservan el duplicado con las firmas originales. Paralelamente, cursaron una nota similar a Carlos Cisneros, presidente del directorio de la CPA.
Como respuesta obtuvieron una reunión en la que, sostienen, estaban Corres, Zelarayán y Félix Tula, quien sigue a este último en orden de jerarquía. "Nos estaban esperando con los telegramas de renuncia de todas", aseveran. Mientras se desarrollaba el encuentro, relatan, llegó Raúl Bulacio, secretario gremial de la Bancaria, acompañado por la abogada Ana María Robles.
Según las denunciantes, Bulacio les pidió que dejaran de consultar abogados y les aseguró que no iba a haber cesantías. "Nos dijo que en 20 días todo quedaría solucionado -recuerdan-. Pero 20 días después nos despidieron".
Consultada por la denuncia de las presuntas empleadas en negro, la Caja Popular de Ahorros (CPA) emitió un comunicado oficial para LA GACETA en el que expresa que la entidad, "por expresa disposición del directorio y, ante inspecciones realizadas por la AFIP, inició un proceso de regularización de la situación de los trabajadores eventuales que prestan servicios en la Sala de Bingo y de los correspondientes aportes patronales. Además, se inició una investigación administrativa para determinar quién o quiénes fueron responsables de la manutención de personal en condiciones irregulares de trabajo durante los últimos años".
En el documento se manifiesta que el Directorio de la CPA, "al tomar conocimiento de la situación manifiestamente irregular que venía sucediéndose en la Sala de Bingo, recabó la información a los gerentes y jefes de área y ordenó la inmediata puesta en marcha de un proceso de regularización de la situación con la AFIP. Esto se hizo mediante el pago de la deuda por la falta de aportes patronales y cargas sociales y por las multas aplicadas, a raíz de la existencia de personal no registrado".
Se indica, además, que se aplicó "un severo llamado de atención a los principales integrantes de la línea gerencial", pues hubo "onerosas imposiciones" de la AFIP. Y se informó que se lleva a cabo un proceso de llamado a licitación pública para contratar una empresa privada que provea el personal eventual para esa sala.
Lo más popular
Ranking notas premium
