El desarrollo del proceso electoral está lejos de haber alcanzado su punto de madurez. Las propuestas sobrevuelan y la guerra de carteles cambia la fisonomía de las paredes y de los espacios públicos con extrema rapidez. El clima de indiferencia colectiva no ha sido quebrado aún por la prédica de los principales candidatos a la gobernación, pese a que faltan 17 días para el momento de la votación.
La presencia del ex candidato presidencial Ricardo López Murphy y del vicepresidente Daniel Scioli marcarán la nacionalización del pleito provincial.
López Murphy desarrollará casi toda su agenda con el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez, entre mañana y el sábado. Ricardo Bussi (FR) y Osvaldo Cirnigliaro (Frente Anticorrupción) deben atenerse a sus propios recursos y a su sagacidad para aprovechar errores ajenos.
El economista de Recrear le sugerirá al electorado centrista de los principales centros urbanos que no le mezquine el voto al postulante del Frente Unión por Tucumán. López Murphy acumuló un caudal que sorprendió a los medios políticos.
La acción de Scioli está vinculada a la necesidad de mostrar las ventajas que supone mantener el gobierno local bajo la órbita del peronismo. El aval al senador José Alperovich es la conclusión lógica de ese planteo.
Con todo, esas maniobras de superficie no relegan a un segundo plano otros ángulos del hecho electoral. El sistema de lemas trastoca las reglas de la contienda y dinamita los lazos de solidaridad aun dentro de las coaliciones aparentemente mejor consolidadas. El sálvese quien pueda es la norma.
Así las cosas, la lucha por la supervivencia que emprenden los sublemas para ubicar a sus candidatos en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes empieza a perfilarse como feroz. Ese combate tendrá ribetes darwinianos. La pelea, en esos niveles, se desarrollará en forma subterránea.
Los mecanismos de control de los comicios reflejarán esa realidad con toda crudeza. Sólo los lemas -sean partidos o alianzas- pueden tener fiscales para supervisar la marcha del escrutinio en las escuelas.
Los sublemas -que son listas subsumidas en los lemas- quedan desguarnecidos. Su suerte depende de la mala o buena relación que tenga con el lema. Esa incertidumbre embarga a la mayoría de los 1.808 sublemas con 1.045 listas que aún están en carrera.La segunda fuente de sospechas se originó tradicionalmente en el traslado de las urnas desde las escuelas hasta la sede de la Junta Electoral Provincial. Si algo no faltan son las versiones sobre los cambios de resultado en las urnas. Y el último peldaño del sistema conduce a la Junta Electoral Provincial, cuyas decisiones políticas se observan con detenimiento y no poca suspicacia.
En aquel ámbito se vuelve relevante el papel de los fiscales de lema. Al limitarse el número de estos, se reduce la aptitud de los sublemas en desgracia con el lema, para defender sus intereses electorales. Se planifican operaciones para quebrar las restricciones y acceder a los papeles que habiliten el acceso al recuento definitivo.
Así las cosas, surgen las sospechas sobre hipotéticas ventas de poderes de fiscales de partidos con chance decorativa a los apoderados de sublemas con pertenencia a las fuerzas mayoritarias. En los ambientes políticos se recuerda que en 1999 hubo jugosas operaciones comerciales. Las fuentes, sin embargo, ocultan los nombres de los protagonistas de esas transacciones vergonzosas.
La fragmentación que produce la Ley de Lemas pervierte el quehacer político. No obstante, no hay indicios de que ello vaya a modificarse en el corto plazo. La tensión de los candidatos se concentrará en el escrutinio final, que se prolongará durante 45 días. Si no hay demoras para consagrar al nuevo gobernador, la carga emotiva será menor.
