Por Redacción Política
11 Junio 2003
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La Fiscalía Federal reivindicará la competencia nacional para investigar la aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) en la Provincia, si es que la Justicia tucumana comienza una pesquisa sobre ese plan.
Hasta el momento existen dos investigaciones paralelas, pero una es judicial y otra, administrativa. El fiscal federal Carlos Brito impulsa la causa para determinar si se cometieron los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el manejo de los fondos nacionales. Pero el Tribunal de Cuentas abrió una comprobación sumaria, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, sobre el destino de miles de tickets alimentarios no rendidos.
El órgano de control remitió al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, copia del acuerdo 665 del pasado 3 del corriente, donde dispone la comprobación sumaria para determinar los responsables de las irregularidades. El funcionario penal aún no efectuó ningún trámite sobre este planteo, ni tendría previsto hacerlo en lo inmediato.
Decisión conjunta
La semana pasada, todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación se reunieron para analizar las cuestiones de competencia en aquellas causas donde están duplicadas las actuaciones, unas en el fuero federal y otras en la provincia. En ese ámbito, se reforzó la idea de que Brito es el competente para seguir con el expediente del PEA.
El criterio sostenido es que corresponde actuar a la Fiscalía Federal, porque los fondos son remitidos por la Nación para un destino específico (el pago a los beneficiarios del PEA), con una imputación directa a una cuenta bancaria especial y con la obligación de que los recursos sean intangibles. Estos pasos no habrían sido respetados por la provincia.
En los hechos, esta puja por la competencia no se formalizó. Si Gallo abre una causa, deberá solicitar a Brito que se inhiba, y este podría hacer lo propio, con lo que se plantearía un conflicto.
Hasta el momento existen dos investigaciones paralelas, pero una es judicial y otra, administrativa. El fiscal federal Carlos Brito impulsa la causa para determinar si se cometieron los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el manejo de los fondos nacionales. Pero el Tribunal de Cuentas abrió una comprobación sumaria, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, sobre el destino de miles de tickets alimentarios no rendidos.
El órgano de control remitió al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, copia del acuerdo 665 del pasado 3 del corriente, donde dispone la comprobación sumaria para determinar los responsables de las irregularidades. El funcionario penal aún no efectuó ningún trámite sobre este planteo, ni tendría previsto hacerlo en lo inmediato.
Decisión conjunta
La semana pasada, todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación se reunieron para analizar las cuestiones de competencia en aquellas causas donde están duplicadas las actuaciones, unas en el fuero federal y otras en la provincia. En ese ámbito, se reforzó la idea de que Brito es el competente para seguir con el expediente del PEA.
El criterio sostenido es que corresponde actuar a la Fiscalía Federal, porque los fondos son remitidos por la Nación para un destino específico (el pago a los beneficiarios del PEA), con una imputación directa a una cuenta bancaria especial y con la obligación de que los recursos sean intangibles. Estos pasos no habrían sido respetados por la provincia.
En los hechos, esta puja por la competencia no se formalizó. Si Gallo abre una causa, deberá solicitar a Brito que se inhiba, y este podría hacer lo propio, con lo que se plantearía un conflicto.
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