La libertad que debe rescatarse

El Presidente de la Nación ha dado un paso inédito al recibir al sector más numeroso de la disidencia gremial -la Central de Trabajadores Argentinos- y comprometerse a debatir, entre otros puntos, el grave problema de la libertad sindical limitada en nuestro país. Hace ya más de medio siglo que las organizaciones laborales perdieron la libertad de asociación, forzadas a adecuarse a un régimen de sindicato único por rama de actividad económica para constituir lo que, poco después, se definió como "brazo sindical del peronismo". Distintas reformas posteriores no fundamentales y de sucesivos gobiernos -especialmente la de 1949- mantuvieron ese sistema, inspirado en la organización del fascismo italiano, que llegó a constituir una fuerza política de hecho bajo la orientación del mismo partido. Esa situación se mantuvo a pesar de la reforma constitucional de 1957, en la que se incluyó el artículo 14 bis, donde entre otros derechos se establece "la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial". Ese registro tan sólo existe para reconocer personería jurídica a nuevos sindicatos, pero no la gremial, que faculta para la representación de los intereses específicos de los trabajadores y tan sólo se le asigna a la organización más numerosa por sector de actividad económica.
Tal monopolio se extiende a las organizaciones de segundo y tercer grado, de modo que se traduce en un unicato operativo que, en la actualidad, deja fuera de representación específica a más de la mitad de la fuerza laboral. En esa ocasión, la CTA expuso al presidente Kirchner que el régimen vigente impide a los sindicatos minusválidos recaudar cuotas sociales por descuento de la nómina salarial, así como declarar huelgas o negociar convenios salariales, entre otros derechos constitucionales.
La respuesta presidencial en el sentido de lograr un cambio mediante el consenso y con la eventual participación del gobierno se aviene adecuadamente con las exigencias del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, donde con reiteración ha quedado expuesta la situación irregular de nuestro país. Tanto el jefe del Estado como el ministro de Trabajo advirtieron comprensión por parte del sector sindical reformista sobre la necesidad de avanzar con gradualidad y consenso, lo cual debería allanar el camino para salir del anacrónico régimen de medio siglo de antigüedad.
El largo y recurrente debate sobre libertad sindical e inconstitucionalidad de la ley de asociaciones vigente se ha desarrollado hasta el momento con un sentido equívoco que termina ocultando el verdadero interés en juego. Si se trata de afiliarse o desafilarse del sindicato único por sector de actividad económica no cabe duda de que hay libertad para hacerlo. La que está clausurada es la libertad para asociarse y constituir nuevas organizaciones con personería suficiente como para representar los intereses específicos de los trabajadores; es decir, un sistema pluralista y democrático, a falta del cual han debido integrarse espontáneamente las organizaciones de piqueteros que están dejando en evidencia la crisis del viejo régimen corporativo. Entre las situaciones cuyos fracasos e irregularidades ha demostrado la crisis, la sindical ha sido una de las más expuestas por la realidad. Es por ello que las dirigencias más comprometidas deben soportar ahora el alto grado de desprestigio que ostentan ante la sociedad y la mayoría de los trabajadores.
Resulta, pues, muy bienvenido ese diálogo en el despacho presidencial, que promete poner fin al anacrónico y abusivo régimen gremial corporativo, reconociendo a la fuerza laboral su derecho a organizarse democráticamente, siguiendo el ejemplo de las sociedades más modernas y progresistas.