Por Redacción Política
10 Junio 2003
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El funcionamiento del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) está sometido a una comprobación sumaria del Tribunal de Cuentas en la Secretaría de Desarrollo Humano, tras haberse detectado anomalías en un expediente abierto hace más de un año. La investigación administrativa llegó incluso a manos del fiscal anticorrupción Pedro Gallo, quien podría iniciar su propia causa penal sobre este asunto.
Actualmente, el PEA es investigado por el fiscal federal Carlos Brito, a partir de una instrucción emanada del procurador General de la Nación, Nicolás Becerra. La marcha del plan alimentario en Tucumán motivó un severo documento de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, en el cual se alertó que se podrían haber cometido los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con la función pública.
Si Gallo abriera una causa penal, nacería un conflicto de jurisdicción con Brito, para que se defina si el tema debe ser entendido por la Justicia provincial o por la Federal. En esa instancia, uno de los dos magistrados deberá declararse incompetente o recusar al otro, lo podría llegar a paralizar toda pesquisa judicial.
Un año de labor
El acuerdo 665 del Tribunal de Cuentas, notificado a Gallo, fue firmado el pasado martes 3 por Darío Domingo de Prada, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci. La decisión de iniciar la comprobación sumaria sobre la repartición que conduce Jorge García Mena fue tomada tras más de un año de labor interna.
El informe derivó en el acuerdo 514 del 18 de junio de 2002, que fue aprovechado casi textualmente por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y es la base de la denuncia penal que impulsa Brito en la Justicia Federal.
El relevamiento fue realizado en municipios y en comunas, con un seguimiento de los beneficiarios del PEA. Luego, se notificó al gobernador Julio Miranda y al presidente de la Legislatura, Sisto Terán, entre otros, de las numerosas críticas y observaciones a la gestión del plan.
Las irregularidades determinadas en el acuerdo de este año están referidas a la entrega de los tickets alimentarios, aunque el ente de control también abarcó la distribución de bolsones y los aportes económicos a los comedores comunitarios.
El Tribunal de Cuentas determinó que, en el plan Compartir el Pan, "un total de 3.773 beneficiarios no ha percibido los vales alimentarios en la primera entrega, mientras que 3.901 tickets no fueron rendidos". "Se constató que la Caja Popular de Ahorros no habría cumplido con las cláusulas emanadas del convenio oportunamente suscripto con la Secretaría de Desarrollo Humano en materia de distribución y recepción de los vales", se planteó.
Severa advertencia a Romero
El Tribunal de Cuentas formuló una severa advertencia al director de Transporte, Enrique Romero, a fin de que observe el estricto cumplimiento de las normas legales vigentes en materia del gasto de la repartición. En la acordada 625, el organismo de control recordó que aconsejó a las autoridades de la repartición una investigación administrativa sobre libramientos para empresas gráficas ($ 400 y $ 570) y por honorarios a profesores ($ 5.600) y que Romero erróneamente decidió dejar sin efecto el trámite deslindando de toda responsabilidad a los agentes del departamento administrativo.El Tribunal de Cuentas aclaró que si hubiera decidido la investigación por los libramientos, el funcionario no puede suspenderla pues carece de facultades para dejarla sin efecto. Además apuntó que requerirá los resultados de las actuaciones iniciadas en la dirección para intervenir en la investigación.
La Cámara sigue paralizada
La inactividad del Poder Legislativo tiene paralizados temas clave para la comunidad, para el Gobierno y para la oposición.
Cinco iniciativas centrales esperan la convocatoria de una sesión para ser tratados. Allí están la autorización para la compra de maquinarias viales, los acuerdos para la construcción de los primeros tramos de la nueva traza de la ruta 38, la reestructuración de la deuda pública de la provincia y la prórroga de los plazos de rescate de unos $ 10 millones en Consadep, los títulos con los que se pagó a los tenedores de Bocade cuyos dineros quedaron apresados en diferentes operatorias de canje del Estado.
El quinto tema es el proyecto de Presupuesto, sobre el cual la oposición ha planteado reparos y ha reclamado informes. El legislador José Ascárate (UCR), puntualmente, demandó saber por qué no figura el proceso de unificación monetaria en la partida general de gastos de la provincia.
Otra cuestión pendiente es el contrato con la firma Proms para la provisión de los tickets con que se paga el 20% del sueldo de los estatales, cuya vigencia, en principio, sólo fue prorrogada hasta el 31 de marzo de pasado.
Sin excusas para privatizar
"Seguiré en el cargo mientras el gobernador (Julio) Miranda lo crea conveniente". Así lo expresó a LA GACETA el presidente de la Caja Popular de Ahorros, Carlos Cisneros. Ante una consulta, negó versiones que aludían a su alejamiento de la institución por razones políticas. "Son sólo eso, rumores", señaló el dirigente nacional de la Asociación Bancaria.
¿Alguien le pidió que abandone el puesto", se le preguntó. "Para nada", dijo. "Estaré hasta que el gobernador lo diga", insistió, cuando se le consultó si seguirá al frente de la Caja Popular en caso de que José Alperovich gane el 29.
Respecto de la entidad crediticia, Cisneros sostuvo que se encuentra atravesando una buena situación y que se trabaja para entregarla a las nuevas autoridades en las mejores condiciones. "Nuestra idea es dejarla en una situación tal que quienes vengan no encuentren la menor excusa para sostener que la Caja es deficitaria y así avanzar en un proceso de privatización", apuntó.
"No queremos que se privatice", acotó, y recordó que siempre fue esa su premisa como bancario.
Actualmente, el PEA es investigado por el fiscal federal Carlos Brito, a partir de una instrucción emanada del procurador General de la Nación, Nicolás Becerra. La marcha del plan alimentario en Tucumán motivó un severo documento de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, en el cual se alertó que se podrían haber cometido los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con la función pública.
Si Gallo abriera una causa penal, nacería un conflicto de jurisdicción con Brito, para que se defina si el tema debe ser entendido por la Justicia provincial o por la Federal. En esa instancia, uno de los dos magistrados deberá declararse incompetente o recusar al otro, lo podría llegar a paralizar toda pesquisa judicial.
Un año de labor
El acuerdo 665 del Tribunal de Cuentas, notificado a Gallo, fue firmado el pasado martes 3 por Darío Domingo de Prada, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci. La decisión de iniciar la comprobación sumaria sobre la repartición que conduce Jorge García Mena fue tomada tras más de un año de labor interna.
El informe derivó en el acuerdo 514 del 18 de junio de 2002, que fue aprovechado casi textualmente por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y es la base de la denuncia penal que impulsa Brito en la Justicia Federal.
El relevamiento fue realizado en municipios y en comunas, con un seguimiento de los beneficiarios del PEA. Luego, se notificó al gobernador Julio Miranda y al presidente de la Legislatura, Sisto Terán, entre otros, de las numerosas críticas y observaciones a la gestión del plan.
Las irregularidades determinadas en el acuerdo de este año están referidas a la entrega de los tickets alimentarios, aunque el ente de control también abarcó la distribución de bolsones y los aportes económicos a los comedores comunitarios.
El Tribunal de Cuentas determinó que, en el plan Compartir el Pan, "un total de 3.773 beneficiarios no ha percibido los vales alimentarios en la primera entrega, mientras que 3.901 tickets no fueron rendidos". "Se constató que la Caja Popular de Ahorros no habría cumplido con las cláusulas emanadas del convenio oportunamente suscripto con la Secretaría de Desarrollo Humano en materia de distribución y recepción de los vales", se planteó.
El Tribunal de Cuentas formuló una severa advertencia al director de Transporte, Enrique Romero, a fin de que observe el estricto cumplimiento de las normas legales vigentes en materia del gasto de la repartición. En la acordada 625, el organismo de control recordó que aconsejó a las autoridades de la repartición una investigación administrativa sobre libramientos para empresas gráficas ($ 400 y $ 570) y por honorarios a profesores ($ 5.600) y que Romero erróneamente decidió dejar sin efecto el trámite deslindando de toda responsabilidad a los agentes del departamento administrativo.El Tribunal de Cuentas aclaró que si hubiera decidido la investigación por los libramientos, el funcionario no puede suspenderla pues carece de facultades para dejarla sin efecto. Además apuntó que requerirá los resultados de las actuaciones iniciadas en la dirección para intervenir en la investigación.
La inactividad del Poder Legislativo tiene paralizados temas clave para la comunidad, para el Gobierno y para la oposición.
Cinco iniciativas centrales esperan la convocatoria de una sesión para ser tratados. Allí están la autorización para la compra de maquinarias viales, los acuerdos para la construcción de los primeros tramos de la nueva traza de la ruta 38, la reestructuración de la deuda pública de la provincia y la prórroga de los plazos de rescate de unos $ 10 millones en Consadep, los títulos con los que se pagó a los tenedores de Bocade cuyos dineros quedaron apresados en diferentes operatorias de canje del Estado.
El quinto tema es el proyecto de Presupuesto, sobre el cual la oposición ha planteado reparos y ha reclamado informes. El legislador José Ascárate (UCR), puntualmente, demandó saber por qué no figura el proceso de unificación monetaria en la partida general de gastos de la provincia.
Otra cuestión pendiente es el contrato con la firma Proms para la provisión de los tickets con que se paga el 20% del sueldo de los estatales, cuya vigencia, en principio, sólo fue prorrogada hasta el 31 de marzo de pasado.
"Seguiré en el cargo mientras el gobernador (Julio) Miranda lo crea conveniente". Así lo expresó a LA GACETA el presidente de la Caja Popular de Ahorros, Carlos Cisneros. Ante una consulta, negó versiones que aludían a su alejamiento de la institución por razones políticas. "Son sólo eso, rumores", señaló el dirigente nacional de la Asociación Bancaria.
¿Alguien le pidió que abandone el puesto", se le preguntó. "Para nada", dijo. "Estaré hasta que el gobernador lo diga", insistió, cuando se le consultó si seguirá al frente de la Caja Popular en caso de que José Alperovich gane el 29.
Respecto de la entidad crediticia, Cisneros sostuvo que se encuentra atravesando una buena situación y que se trabaja para entregarla a las nuevas autoridades en las mejores condiciones. "Nuestra idea es dejarla en una situación tal que quienes vengan no encuentren la menor excusa para sostener que la Caja es deficitaria y así avanzar en un proceso de privatización", apuntó.
"No queremos que se privatice", acotó, y recordó que siempre fue esa su premisa como bancario.
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