El control y los planes sociales

Comprobación, inspección, fiscalización, intervención son expresiones que definen a control, una palabra que resulta esquiva y tal vez comprometedora en el quehacer de nuestros gobernantes de las últimas décadas. Toda sociedad -especialmente la tucumana, acostumbrada a transgredir permanentemente las leyes sin que haya una sanción ejemplificadora- necesita del control y del autocontrol para su funcionamiento. Cuando ello no sucede, la corrupción y la ilegalidad se multiplican y comienzan a minar las simientes éticas y morales de una comunidad. Si se llega a esta instancia, es porque existe un grave deterioro en la educación y en la cultura de un pueblo. En nuestro país y en la provincia, hay organismos de control -hasta oficinas de ética en la Nación-. Sin embargo, la corrupción avanza a paso redoblado posiblemente porque en muchísimos casos se pone al zorro para que custodie el gallinero.
Eso sucede con frecuencia con los planes sociales que puso en marcha la Nación, cuyos destinatarios no suelen ser siempre los más necesitados, sino amigos y parientes de punteros políticos o de funcionarios, tal como lo denunció oportunamente la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde en una de sus visitas a Tucumán. Se estima que en el país, de los 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar, hay cerca de 600.000 que han sido entregados en forma irregular. Por otro lado, las denuncias no sólo sobre planes mal otorgados, sino también acerca de partidas para comedores escolares que se pierden en el camino en algún bolsillo, se extravían asombrosamente en los vericuetos judiciales; especialmente, cuando el sospechoso de haber cometido estos fraudes está vinculado al poder de turno o cuenta con algún influyente padrinazgo. Hay una suerte de manto de neblina que pacientemente teje el olvido, y la luz para esclarecer un hecho fraudulento tarda demasiado en llegar o no llega nunca.
Como contrapartida a los efectos negativos de la cesión de muchos planes Jefes y Jefas de Hogar, es saludable que una buena parte de la comunidad de El Manantial se haya organizado. Allí, los beneficiarios no sólo prestan servicios, sino que también se capacitan en algún oficio. Pese a que hay un consejo consultivo, son los mismos vecinos quienes se controlan entre sí para que no haya transgresiones en lo estipulado. Algo similar ocurre en Tafí del Valle, donde un centro de capacitación de adultos ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y con la Municipalidad para que los receptores del plan que no tienen dónde prestar tareas comunitarias, estudien y realicen las prácticas en las obras públicas de la comuna. Lo importante es que hay un seguimiento en el sentido de que quienes perciben la ayuda, cumplan con la exigencia.
En Tucumán, son 85.200 beneficiarios y a cambio de $ 150 mensuales los destinatarios deben realizar actividades comunitarias (en escuelas, hospitales, huertas) y productivas (en instituciones públicas o privadas), pero también pueden efectuar su contraprestación completando estudios primarios, secundarios o mejorando su formación profesional.
Estos ejemplos saludables ponen de relieve que los sistemas de gobierno, las instituciones y los planes sociales pueden funcionar correctamente si existe un control eficiente y, sobre todo, un autocontrol. Si hay participación, organización y transparencia, los beneficios se ven reflejados rápidamente en una comunidad.
Una política de Estado puede ser irreprochable en su formulación, pero su ejecución dependerá siempre de los hombres. Si se deja librado el control de las acciones a personas que no están capacitadas o que carecen de entidad moral o ética, o si se politiza la ayuda social, seguramente el zorro se seguirá llevando la esperanza de miles de necesitados y los objetivos pocas veces se cumplirán.