"La herencia tiene que ser lo menos pesada posible". La frase se enquistó en el Gobierno como una cuestión fundamental para sortear la última etapa de la actual gestión. Aquella mochila por la que renegaron todos los gobernadores que asumieron resurge en los tiempos previos a las elecciones provinciales. Julio Miranda tratará de tener hoy un panorama claro sobre cómo afrontar los cinco meses que le quedan de mandato. Y el presidente Néstor Kirchner será el destinatario del rosario de quejas y lamentos mirandistas.
Aprovechando el tiempo electoral, Miranda tratará de convencer al santacruceño de la necesidad que hoy tiene la Provincia de acomodar las endebles finanzas públicas. La gran preocupación pasa por el pronto retiro de circulación de los bonos. Mientras más tiempo se extienda el plan de rescate de la cuasimoneda, mayor será la desconfianza del tenedor de Bocade.
Este mes el Gobierno volvió a la realidad. La coparticipación federal que diariamente envía la Nación cayó estrepitosamente respecto del mes anterior, cuando recibió $ 95 millones. Las protestas sindicales en Rentas también impactarán negativamente en la recaudación. Sólo los $ 5 millones que giró el viernes pasado el Ministerio de Economía de la Nación atemperan el agudo cuadro financiero y la factible recesión económica que se observaría hacia fines de este mes en la provincia.
Por eso Miranda extenderá hoy la mano en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, esperando que Kirchner contribuya al sostenimiento de la paz social, según dicen en el Poder Ejecutivo. Hay quienes conjeturan que en ese encuentro también se analizarían el manejo y la redistribución de los planes sociales, hoy fuertemente cuestionados por la Justicia Federal.
Los más optimistas se atreven a pensar que el santacruceño pondrá por fin el 20 de este mes la piedra basal para construir la postergada nueva traza de la ruta 38 y que hasta se logrará la adquisición de Campo Norte por parte de la provincia. Por ahora, son sólo anhelos.
Esa mala palabra
La realidad embarga el presente y compromete el futuro. La devolución de dinero que ordenó la Justicia por los depósitos impagos de viejas operatorias de canje de bonos es sólo una de las facetas de los problemas financieros que se avecinan.
Cada vez que un camión de caudales ingresa a la City tiemblan los cimientos de la Casa de Gobierno y se ponen nerviosos los inquilinos del poder. Esa indefensión jurídica mantiene al Ejecutivo al borde de la cornisa. Claro está que desde que a fines de diciembre de 2001 el Gobierno decretó la cesación de pagos por los títulos públicos emitidos miles de acreedores quedaron con los cupones en la mano y sin fecha exacta para hacerse del dinero que les debe el Estado a mediano y a largo plazo.
Sólo por los bonos Independencia Argentina y Solidario, en todas sus series, el Gobierno adeuda más de $ 70 millones. Otros $ 100 millones deben abonarse por diferencias salariales planteadas hace más de una década por los estatales, quienes tampoco cuentan con instrumentos de pago con fecha cierta. A ese negativo escenario hay que sumarle la pérdida de confiabilidad que tiene Tucumán en el exterior, con el "Riesgo Provincia" cada vez más alto. Recuperar la confianza de los inversores será una tarea difícil que quedará pendiente para la próxima administración.
Por eso, los ojos del PE apuntan hacia la Legislatura, que aún no resolvió si llevará al recinto leyes clave para las finanzas: mejoras para el uso de los Docof; emisión de $ 250 millones de un nuevo título llamado Consadep para los cada vez menos compasivos acreedores y el Presupuesto. El Ejecutivo trata de disimular esta situación con el pago de los sueldos. Pero los grandes problemas quedarán guardados debajo de la alfombra oficial.
