08 Junio 2003 Seguir en 
La abogada acusada por una presunta estafa en perjuicio de decenas de empleados públicos, a quienes les cobraba $ 30 para hacerles un trámite en Buenos Aires, envió una encomienda con documentación que probaría que está realizando las gestiones y que no habría delito en su accionar.
De todos modos, la Justicia sostiene la orden de detención en contra de María Laura Villafañe, una letrada tucumana de 30 años que reside en Buenos Aires mientras realiza estudios de posgrado.
La denuncia fue presentada por la Defensoría del Pueblo, a raíz de las numerosas consultas que se recibieron de personas que decían que les habían cobrado $ 30 para iniciar el trámite a fin de percibir las diferencias del ente liquidador de la ex Caja Nacional de Ahorros y Seguros las retenciones que se les hicieron por seguros de vida hasta su privatización, en 1995.
Entre la documentación enviada por Villafañe, que fue presentada por el abogado Emilio Mrad, ante la Fiscalía VII, constan varias presentaciones iniciadas ante el ente nacional, y también turnos para la iniciación de nuevos trámites.
Sin pruebas
El jueves pasado, en tanto, quedó en libertad Liliana Sheadi, empleada de la Secretaría de Trabajo, quien habría oficiado como nexo entre los denunciantes y la abogada Villafañe. Según se supo, no habría pruebas suficientes sobre su supuesta responsabilidad en el hecho.
Se supo, además, que Sheadi es pareja del aún detenido Roque Villafañe, el padre de la abogada. El, según el escrito enviado por la letrada, ofició como gestor y por cada trámite percibía los $ 30 que se mencionan en la causa. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que los trámites iniciados tienen fecha del 3 de junio, cuando el escándalo había estallado ya en Tucumán.
Mientras tanto, en los próximos días regresaría a Tucumán la comisión policial que, al mando del comisario mayor Miguel Angel Chuchuy Linares, viajó a Buenos Aires para detener a la abogada.
Según pudo saberse, la fiscal Joaquina Vermal y el secretario Ernesto Baaclini esperan tomarle declaración a Villafañe para aclarar varios puntos oscuros que quedarían, sobre todo a partir de la documentación que ella presentó.
De todos modos, la Justicia sostiene la orden de detención en contra de María Laura Villafañe, una letrada tucumana de 30 años que reside en Buenos Aires mientras realiza estudios de posgrado.
La denuncia fue presentada por la Defensoría del Pueblo, a raíz de las numerosas consultas que se recibieron de personas que decían que les habían cobrado $ 30 para iniciar el trámite a fin de percibir las diferencias del ente liquidador de la ex Caja Nacional de Ahorros y Seguros las retenciones que se les hicieron por seguros de vida hasta su privatización, en 1995.
Entre la documentación enviada por Villafañe, que fue presentada por el abogado Emilio Mrad, ante la Fiscalía VII, constan varias presentaciones iniciadas ante el ente nacional, y también turnos para la iniciación de nuevos trámites.
Sin pruebas
El jueves pasado, en tanto, quedó en libertad Liliana Sheadi, empleada de la Secretaría de Trabajo, quien habría oficiado como nexo entre los denunciantes y la abogada Villafañe. Según se supo, no habría pruebas suficientes sobre su supuesta responsabilidad en el hecho.
Se supo, además, que Sheadi es pareja del aún detenido Roque Villafañe, el padre de la abogada. El, según el escrito enviado por la letrada, ofició como gestor y por cada trámite percibía los $ 30 que se mencionan en la causa. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que los trámites iniciados tienen fecha del 3 de junio, cuando el escándalo había estallado ya en Tucumán.
Mientras tanto, en los próximos días regresaría a Tucumán la comisión policial que, al mando del comisario mayor Miguel Angel Chuchuy Linares, viajó a Buenos Aires para detener a la abogada.
Según pudo saberse, la fiscal Joaquina Vermal y el secretario Ernesto Baaclini esperan tomarle declaración a Villafañe para aclarar varios puntos oscuros que quedarían, sobre todo a partir de la documentación que ella presentó.
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