Mientras en la Justicia Federal continúa la investigación sobre el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), la Provincia reanudará próximamente el plan, suspendido desde hace tres meses. Pero habrá un nuevo mecanismo: los beneficiarios ya no cobrarán mensualmente vales por $ 25, sino que recibirán cajas con alimentos desde la Nación.
El PEA se aplicó desde principios de 2002 y hasta marzo, mediante el plan Compartir el Pan. Hace tres meses, como la Nación le adeudaba a Tucumán $ 5 millones por envíos no realizados o incompletos, la Secretaría de Desarrollo Humano firmó un convenio con la Dirección de Políticas Sociales de la Nación. Allí se convino que las cuotas atrasadas se usarán para mejorar la provisión de alimentos a los comedores comunitarios e infantiles, con un aumento del monto reconocido por ración.
También se resolvió que por dos o tres meses la Nación enviará cajas con alimentos no perecederos (denominados técnicamente módulos alimentarios) a los 44.000 beneficiarios del PEA. Cada paquete estará identificado con el nombre del destinatario, según el padrón general remitido por la Provincia. Esta se encargará del reparto, para lo cual deberá contratar 30 camiones (en cada uno entran 1.500 cajas).
A la espera de un informe
En la causa penal, el fiscal federal Carlos Brito espera la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre los fondos remitidos al Gobierno para atender el PEA (la cifra superaba el $ 1,3 millón que se distribuía mediante los tickets).
Brito quiere conocer las fechas de los envíos para seguir el movimiento de los fondos y determinar si se cometió algún delito. Los datos serán cruzados con la información ya recibida de los bancos Nación y del Tucumán.
La causa se abrió tras una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Esta señaló como irregularidades la falta de padrones en la oficina central de ejecución del plan; la celebración, con la empresa Luncheon Tickets, de un contrato perjudicial para la Provincia; el ingreso de los fondos a Rentas Generales y el canje del efectivo por Bocade.
El Poder Ejecutivo presentará las evaluaciones periódicas que realizó todos los meses la Dirección Nacional de Políticas Sociales, en las cuales no habría cuestionamientos. Además, se solicitó una evaluación final del PEA, que servirá para definir su continuidad.
El PEA se aplicó desde principios de 2002 y hasta marzo, mediante el plan Compartir el Pan. Hace tres meses, como la Nación le adeudaba a Tucumán $ 5 millones por envíos no realizados o incompletos, la Secretaría de Desarrollo Humano firmó un convenio con la Dirección de Políticas Sociales de la Nación. Allí se convino que las cuotas atrasadas se usarán para mejorar la provisión de alimentos a los comedores comunitarios e infantiles, con un aumento del monto reconocido por ración.
También se resolvió que por dos o tres meses la Nación enviará cajas con alimentos no perecederos (denominados técnicamente módulos alimentarios) a los 44.000 beneficiarios del PEA. Cada paquete estará identificado con el nombre del destinatario, según el padrón general remitido por la Provincia. Esta se encargará del reparto, para lo cual deberá contratar 30 camiones (en cada uno entran 1.500 cajas).
A la espera de un informe
En la causa penal, el fiscal federal Carlos Brito espera la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre los fondos remitidos al Gobierno para atender el PEA (la cifra superaba el $ 1,3 millón que se distribuía mediante los tickets).
Brito quiere conocer las fechas de los envíos para seguir el movimiento de los fondos y determinar si se cometió algún delito. Los datos serán cruzados con la información ya recibida de los bancos Nación y del Tucumán.
La causa se abrió tras una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Esta señaló como irregularidades la falta de padrones en la oficina central de ejecución del plan; la celebración, con la empresa Luncheon Tickets, de un contrato perjudicial para la Provincia; el ingreso de los fondos a Rentas Generales y el canje del efectivo por Bocade.
El Poder Ejecutivo presentará las evaluaciones periódicas que realizó todos los meses la Dirección Nacional de Políticas Sociales, en las cuales no habría cuestionamientos. Además, se solicitó una evaluación final del PEA, que servirá para definir su continuidad.







