La afirmación del candidato a gobernador por Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi, de que el camarista Rodolfo Novillo es un canalla, causó preocupación en una parte del Poder Judicial. La filial de la Red Nacional de Justicia por la Democracia consideró como una agresión a la independencia del poder la aseveración del diputado nacional.
"Dichas manifestaciones son incompatibles con el respeto a las decisiones judiciales que corresponde en una sociedad democrática; tanto más, cuando el reclamo se fundaría en una pretensión de lealtad política del magistrado a un partido determinado". Esto es lo que aseguraron los camaristas Alicia Noli, Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Gladys Nelly Ríos, y la fiscal María Elisa Molina.
El parlamentario fustigó con dureza a Novillo porque este y Enrique Guibert votaron en favor de que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso haga lugar a una acción de amparo interpuesta por organismos de derechos humanos en contra de la postulación de Antonio Bussi a la intendencia de la capital. El tribunal, con la disidencia de Carlos Giovanniello, le ordenó a la Junta Electoral que resuelva si el titular de FR tiene idoneidad moral para ser candidato.
El diputado aseguró que en 1994, cuando fue designado fiscal municipal por el entonces intendente republicano Rafael Bulacio, Novillo no consideraba que Bussi fuera inhábil moral. Esto fue interpretado por la Red Nacional de Justicia por la Democracia como un reclamo de fidelidad. "Dicha pretensión importa una agresión a la independencia del Poder Judicial, cuyas decisiones no deben estar atadas a simpatía, agradecimiento, lealtad o vinculación alguna. Dichas decisiones deben discutirse por la vía y en la forma correspondientes", dijeron.
Recursos en marcha
Los integrantes de la Junta Electoral (Antonio Gandur, Luis de Mitri y Antonio Ruiz Olivares) se inhibieron de volver a intervenir en la causa Bussi, porque ellos rechazaron la impugnación (esta fue, precisamente, recurrida mediante la acción de amparo). Por ello, se notificó al vocal decano de la Corte Suprema, René Goane; al fiscal de Cámara Manuel López Rougés y al legislador Germán Alfaro para que integren la Junta.
Los nuevos miembros de la Junta fueron designados sólo para este caso. Aún no asumieron -y así se lo hicieron saber a Gandur-, porque esperan que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo quede firme, ya que las partes aún pueden interponer algunos recursos.
En una apuesta porque los tiempos reales (las elecciones son el 29 de junio) terminen consumiendo a los judiciales, Bussi (h) anticipó que no acortarán los tiempos procesales y estudiarán detenidamente qué recurso interpondrán; ayer solicitaron una aclaratoria de la sentencia. "No obstante, seguimos adelante. Ya ordenamos imprimir los votos porque el fallo no nos lo impide. El es nuestro candidato; no vamos a enredarnos en discusiones estériles", afirmó.
"Dichas manifestaciones son incompatibles con el respeto a las decisiones judiciales que corresponde en una sociedad democrática; tanto más, cuando el reclamo se fundaría en una pretensión de lealtad política del magistrado a un partido determinado". Esto es lo que aseguraron los camaristas Alicia Noli, Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Gladys Nelly Ríos, y la fiscal María Elisa Molina.
El parlamentario fustigó con dureza a Novillo porque este y Enrique Guibert votaron en favor de que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso haga lugar a una acción de amparo interpuesta por organismos de derechos humanos en contra de la postulación de Antonio Bussi a la intendencia de la capital. El tribunal, con la disidencia de Carlos Giovanniello, le ordenó a la Junta Electoral que resuelva si el titular de FR tiene idoneidad moral para ser candidato.
El diputado aseguró que en 1994, cuando fue designado fiscal municipal por el entonces intendente republicano Rafael Bulacio, Novillo no consideraba que Bussi fuera inhábil moral. Esto fue interpretado por la Red Nacional de Justicia por la Democracia como un reclamo de fidelidad. "Dicha pretensión importa una agresión a la independencia del Poder Judicial, cuyas decisiones no deben estar atadas a simpatía, agradecimiento, lealtad o vinculación alguna. Dichas decisiones deben discutirse por la vía y en la forma correspondientes", dijeron.
Recursos en marcha
Los integrantes de la Junta Electoral (Antonio Gandur, Luis de Mitri y Antonio Ruiz Olivares) se inhibieron de volver a intervenir en la causa Bussi, porque ellos rechazaron la impugnación (esta fue, precisamente, recurrida mediante la acción de amparo). Por ello, se notificó al vocal decano de la Corte Suprema, René Goane; al fiscal de Cámara Manuel López Rougés y al legislador Germán Alfaro para que integren la Junta.
Los nuevos miembros de la Junta fueron designados sólo para este caso. Aún no asumieron -y así se lo hicieron saber a Gandur-, porque esperan que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo quede firme, ya que las partes aún pueden interponer algunos recursos.
En una apuesta porque los tiempos reales (las elecciones son el 29 de junio) terminen consumiendo a los judiciales, Bussi (h) anticipó que no acortarán los tiempos procesales y estudiarán detenidamente qué recurso interpondrán; ayer solicitaron una aclaratoria de la sentencia. "No obstante, seguimos adelante. Ya ordenamos imprimir los votos porque el fallo no nos lo impide. El es nuestro candidato; no vamos a enredarnos en discusiones estériles", afirmó.







