BUENOS AIRES.- El choque entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema ha tomado un cariz muy difícil de soportar por el delicado sistema de separación de poderes, tan frecuentemente agredido en el país. Por una parte, la terminología gubernamental para provocar alejamientos en el máximo tribunal y, por la otra, las réplicas impropias de la dignidad del cargo a que recurre su presidente, Julio Nazareno, están acumulando suficiente presión para una detonación imprevisible, que puede terminar agravando la imagen de desconfianza en la seguridad jurídica argentina. Las únicas voces de alarma aparecen limitadas a los círculos académicos, conscientes de lo que representa un conflicto entre ambos poderes que, en el peor de los casos, siempre se resolvió, bien o mal, con un marco de discreción. También aparece perdiendo independencia el Congreso, donde el titular de la comisión de Juicio Político de Diputados, el tucumano Ricardo Falú, debe esforzarse para tratar de demostrar que el caso Nazareno no ha sido tan fuertemente acelerado por el detonante mensaje del presidente Kirchner.
Coincidencia
Rara vez, es cierto, un miembro de la Corte tuvo tan generalizado rechazo público como el que revelan las encuestas que diariamente se difunden por Internet y en las que muy diferentes sectores de la sociedad se muestran coincidentes para reprobar al magistrado. Este punto es el que sigue presionando sobre el Presidente para convocar a una consulta de dudosa constitucionalidad y cuya convocatoria seguía latente al cerrar este panorama sobre el tema al que los medios están asignando mayor espacio. Tal decisión constituiría, para algunos, una suerte de linchamiento político de Nazareno, pero significaría también una acción decisiva para provocar su renuncia, evitando el peligro de un eventual descalabro parlamentario.
Entretanto, el presidente de la Corte ha confiado a sus colaboradores más fieles -especialmente a un colega que generalmente lo acompaña en los fallos- que si su defensa ante la comisión de Juicio Político que debe dictaminar es trabada, no tendrá reparos en apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exportar el escándalo. Ese dictamen está ahora previsto para los primeros días de julio.
Ficción sindical
El presidente ha dejado a la negociación de los sindicalistas las diferencias sobre libertad gremial que le planteó el titular de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor de Gennaro. Con ello, ha eludido una definición que podría ser muy revulsiva en el justicialismo. El problema ha quedado algo oculto en un debate semántico donde se confunde la libertad para afiliarse o no a un sindicato, -que la hay- con libertad de asociación para constituir organizaciones gremiales de modo plural; es decir, más de una por cada sector de actividad económica, lo cual está prohibido por el régimen sindical impugnado, a pesar de establecerlo la Constitución. La ficción de ese régimen objetado por la OIT es la personería gremial excluyente y la jurídica, que limita la capacidad representativa de los sindicatos no mayoritarios. (De nuestra Sucursal)
