Por Redacción Política
06 Junio 2003
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Los camaristas Rodolfo Novillo y Enrique Guibert descalificaron a la Junta Electoral por haber rechazado de plano la impugnación planteada por los organismos de derechos humanos contra la postulación de Antonio Bussi a la intendencia de esta capital.
Los magistrados resolvieron ayer que la Junta analice nuevamente el cuestionamiento ético interpuesto en contra del titular de Fuerza Republicana. "No tuvo por apersonados a ninguno de los impugnantes; no colocó cargo de recepción en el primer escrito de impugnación obrante en el legajo original; no folió ninguno de los dos escritos de impugnación ni las providencias; no corrió traslado a los destinatarios de la impugnación; no agregó la prueba documental; no decidió sobre las pruebas de informes ofrecidas; y no se pronunció mediante una resolución numerada". Estos son algunos de los errores señalados.
Novillo y Guibert -Carlos Giovanniello votó en contra- anularon las resoluciones de la Junta en beneficio de Bussi, por entender que "lesionaron la garantía constitucional del debido proceso adjetivo y por afectar gravemente los requisitos de validez del acto jurídico público". También remarcaron que los pronunciamientos de la Junta estuvieron "desprovistos de toda sustanciación y carecieron en forma manifiesta de explicación razonada".
Los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se anticiparon a la posibilidad de que alguno de los integrantes de la Junta se excuse de entender en esta nueva etapa (ver "Los miembros...") y aclararon que está prevista la participación de reemplazantes.
Una decisión "histórica"
La secretaria de asuntos jurídicos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y patrocinante de los demandantes, Virginia Duffy, calificó de histórica la resolución. "A nuestro entender, Bussi pasó de candidato precario a precandidato impugnado", señaló.
"La Cámara aclaró que la propia Provincia, mediante Fiscalía de Estado, ratificó nuestra posición de que en 1975 ya se había acabado la guerrilla y de que Bussi inició una persecución política. Es más, se mencionaron las desapariciones de José Chebaia, Juan Eduardo Tenreyro y Guillermo Vargas Aignasse", dijo.
La abogada también expresó que se deja entrever que, según el inciso 3 del artículo 113 de la Constitución provincial, una de las funciones de la Municipalidad es velar por la higiene y la moralidad pública dentro de la legalidad. "¿Cómo puede ser intendente y fijar pautas para la comunidad, entonces, alguien que no cuenta con idoneidad moral?", se preguntó la letrada.
Los miembros de la Junta se excusarán
René Mario Goane, Manuel López Rougés y Germán Alfaro integrarían la Junta Electoral para resolver la impugnación planteada por los organismos de derechos humanos, en contra de la postulación a intendente de la capital de Antonio Bussi. Antonio Gandur, Luis de Mitri y Juan Antonio Ruiz Olivares se inhibirán hoy, con toda probabilidad, de entender en el caso, por considerar que ya opinaron que el titular de Fuerza Republicana (FR) cumple con los requisitos exigidos.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó a la Junta Electoral que trate las objeciones planteadas en contra de Bussi, que fueron rechazadas de plano por el cuerpo. Pero Gandur, De Mitri y Ruiz Olivares consideraron que ya dijeron todo lo necesario, por lo que la Junta tiene que integrarse nuevamente para poder cumplir con la orden de la Justicia.
Goane, el vocal decano de la Corte Suprema, reemplazaría a Gandur; el fiscal de Cámara López Rougés al ministro fiscal, De Mitri; y Alfaro sustituiría a Ruiz Olivares, en su carácter de vicepresidente segundo de la Legislatura.
Fuentes próximas a la Junta Electoral conjeturan que la resolución de fondo -cualquiera sea- demandará mucho más que los 23 días que faltan para los comicios. Una alternativa es que FR, siguiendo la vía jurisdiccional, plantee un recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia de la Cámara. La otra es que opte por esperar que la Junta Electoral sustancie la impugnación. En ambos casos habrá que pedir oficios y producir pruebas, y las elecciones son el domingo 29.
Los magistrados resolvieron ayer que la Junta analice nuevamente el cuestionamiento ético interpuesto en contra del titular de Fuerza Republicana. "No tuvo por apersonados a ninguno de los impugnantes; no colocó cargo de recepción en el primer escrito de impugnación obrante en el legajo original; no folió ninguno de los dos escritos de impugnación ni las providencias; no corrió traslado a los destinatarios de la impugnación; no agregó la prueba documental; no decidió sobre las pruebas de informes ofrecidas; y no se pronunció mediante una resolución numerada". Estos son algunos de los errores señalados.
Novillo y Guibert -Carlos Giovanniello votó en contra- anularon las resoluciones de la Junta en beneficio de Bussi, por entender que "lesionaron la garantía constitucional del debido proceso adjetivo y por afectar gravemente los requisitos de validez del acto jurídico público". También remarcaron que los pronunciamientos de la Junta estuvieron "desprovistos de toda sustanciación y carecieron en forma manifiesta de explicación razonada".
Los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se anticiparon a la posibilidad de que alguno de los integrantes de la Junta se excuse de entender en esta nueva etapa (ver "Los miembros...") y aclararon que está prevista la participación de reemplazantes.
Una decisión "histórica"
La secretaria de asuntos jurídicos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y patrocinante de los demandantes, Virginia Duffy, calificó de histórica la resolución. "A nuestro entender, Bussi pasó de candidato precario a precandidato impugnado", señaló.
"La Cámara aclaró que la propia Provincia, mediante Fiscalía de Estado, ratificó nuestra posición de que en 1975 ya se había acabado la guerrilla y de que Bussi inició una persecución política. Es más, se mencionaron las desapariciones de José Chebaia, Juan Eduardo Tenreyro y Guillermo Vargas Aignasse", dijo.
La abogada también expresó que se deja entrever que, según el inciso 3 del artículo 113 de la Constitución provincial, una de las funciones de la Municipalidad es velar por la higiene y la moralidad pública dentro de la legalidad. "¿Cómo puede ser intendente y fijar pautas para la comunidad, entonces, alguien que no cuenta con idoneidad moral?", se preguntó la letrada.
Los miembros de la Junta se excusarán
René Mario Goane, Manuel López Rougés y Germán Alfaro integrarían la Junta Electoral para resolver la impugnación planteada por los organismos de derechos humanos, en contra de la postulación a intendente de la capital de Antonio Bussi. Antonio Gandur, Luis de Mitri y Juan Antonio Ruiz Olivares se inhibirán hoy, con toda probabilidad, de entender en el caso, por considerar que ya opinaron que el titular de Fuerza Republicana (FR) cumple con los requisitos exigidos.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó a la Junta Electoral que trate las objeciones planteadas en contra de Bussi, que fueron rechazadas de plano por el cuerpo. Pero Gandur, De Mitri y Ruiz Olivares consideraron que ya dijeron todo lo necesario, por lo que la Junta tiene que integrarse nuevamente para poder cumplir con la orden de la Justicia.
Goane, el vocal decano de la Corte Suprema, reemplazaría a Gandur; el fiscal de Cámara López Rougés al ministro fiscal, De Mitri; y Alfaro sustituiría a Ruiz Olivares, en su carácter de vicepresidente segundo de la Legislatura.
Fuentes próximas a la Junta Electoral conjeturan que la resolución de fondo -cualquiera sea- demandará mucho más que los 23 días que faltan para los comicios. Una alternativa es que FR, siguiendo la vía jurisdiccional, plantee un recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia de la Cámara. La otra es que opte por esperar que la Junta Electoral sustancie la impugnación. En ambos casos habrá que pedir oficios y producir pruebas, y las elecciones son el domingo 29.
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