Un fallo complica la situación de Bussi

La candidatura de Antonio Bussi a la intendencia de esta capital está ahora más complicada que antes. La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo intimó ayer a la Junta Electoral a que vuelva a estudiar la impugnación presentada por los organismos de derechos humanos y, por ende, que resuelva si el titular de Fuerza Republicana (FR) tiene idoneidad moral para postularse a un cargo público, pese a su actuación en la última dictadura militar.
Pese al fallo, la candidatura de Bussi está oficializada, pero en forma precaria y provisoria.
En una sentencia con duros términos, el tribunal declaró nulas, de nulidad absoluta e insanables, las resoluciones de la Junta en favor de Bussi. Y le devolvió el expediente con el mandato que se dicte un nuevo pronunciamiento. No obstante, no se expidió sobre el contenido de la decisión. El cuerpo electoral tendría ahora un plazo de 48 horas para habilitar el tratamiento de la impugnación y emitir una nueva resolución. Luego, quedará abierta otra vez la instancia judicial para resolver esta polémica.
El fallo fue dividido. Los dos integrantes de la Sala II, Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello, mantuvieron criterios enfrentados, lo cual obligó a Enrique Guibert (Sala III) a desempatar. Este acompañó a Novillo, impulsor de la nulidad de lo actuado por la Junta.
La sentencia les dio la razón a HIJOS y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras entidades. Estas acusaron a Bussi de haber participado en la desaparición de personas y en otros delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1982. Fundaron su planteo en la reforma constitucional nacional de 1994, que incluyó a su cuerpo los pactos internacionales sobre derechos humanos.

Fuerte contrapunto
La Junta Electoral (Antonio Gandur, Juan Antonio Ruiz Olivares y Luis de Mitri) había rechazado las objeciones por considerar que la falta de idoneidad no figuraba entre las causales provinciales de impugnación. Pero Novillo y Guibert le impusieron al cuerpo que aplique las normas nacionales. "No resulta acertado que la desestimación se limite a citar tres artículos de leyes sancionadas en 1915 y 1983, sin advertir que fueron incididas con posterioridad por la reforma de la Constitución de Tucumán de 1990", advirtieron.
También consideraron "inadmisible que la Junta no haya explicado razonablemente cuáles eran los fundamentos que la llevaron a no considerar como previsión normativa de la impugnación al artículo 16 de la Constitución nacional (habla de la idoneidad para desempeñar un cargo público)". La explicación de la Junta fue incluida en el expediente judicial, pero resulta extemporánea, según los camaristas. Ella considera que el artículo 16 no es actualmente aplicable, porque debe ser reglamentado.
Giovaniello, en cambio, avaló a la Junta. "No existe ningún espacio para utilizar el requisito del artículo 16 para juzgar la idoneidad de un candidato", dijo. Además, consideró "muy dudosa la legitimación activa de los impugnantes en la causa".