Los bonos desaparecerán, pero las deudas quedarán. Ese axioma se conjuga en estos tiempos, cuando la primera fase del plan de retiro de los Bocade finalizó, y cuando, desde la Justicia, se invocó que el Estado debe cumplir los compromisos adquiridos con sus acreedores. En el medio de toda esta telaraña se encuentran los tenedores (mayoristas y minoristas) de la cuasimoneda que aún no saben cómo sacarse de encima los papeles pintados.
Es verdad que el país y, por ende, la Provincia padecieron los efectos de una crisis económica sin precedentes en la historia nacional. Los constantes cambios de las reglas de juego por parte del Estado no hicieron más que generar inseguridad jurídica.
Así, a lo largo de esta gestión, los plazos de canje de los bonos por efectivo se fueron modificando, unilateralmente, sin que los afectados pudieran opinar si era mejor inmovilizar su dinero a 21, 35, 56 días o 10 meses, como sucedió con aquellas empresas que hasta hoy esperan la restitución del físico (el monto de Bocade depositado el año pasado y aún no pagado) o, en el mejor de los casos, su conversión a pesos, en el marco de la Unificación Monetaria.
La caída de las viejas operatorias FET a 56 días y paralelas aparejó una deuda del Estado con el sector privado de $ 64,5 millones. Con esa cantidad en bonos, el Estado pudo pagar dos meses de sueldo a los 64.000 empleados públicos, pero la mitad de los acreedores aún no puede cobrar sus depósitos. El resultado saltó a la vista en el balance con pérdidas no previstas por esas empresas. El Gobierno ofreció abonar la deuda con efectivo, cheques diferidos y Docof, pero estos últimos títulos aún no logran posicionarse en el mercado, ya que sus condiciones no son ideales para su aceptación. A ello debe sumarse el miedo que tiene el sector privado de que terminen en "default" como sucedió con otros instrumentos.
Desde principios de año, el Poder Ejecutivo, vía decreto de necesidad y urgencia, viene pidiendo sin éxito ante la Legislatura que introduzca mejoras para el uso de los Docof. Ayer se dictó otro decreto por el que la recepción de esos Docof ya no será voluntaria por parte del acreedor, sino compulsiva. El remedio puede ser peor que la enfermedad.
Esa determinación del Estado se fundamentó en el rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia al "per saltum" interpuesto por la Fiscalía de Estado ante los fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que obliga al PE a restituir los bonos a las empresas que los depositaron en los viejos sistemas de canje. Esa decisión del máximo tribunal cayó como un balde con agua fría en la Casa de Gobierno. En su fundamentación, los miembros de la Corte afirman que no advierten que exista la gravedad institucional que esgrimió el Gobierno para tratar de paralizar las demandas y los embargos. Por el contrario, creen que el escenario catastrófico planteado desde el PE no afecta el plan de rescate de los bonos, ya que la licitación para retirar parte del circulante finalizó sin problemas.
Tras ese golpe, el Ejecutivo insistirá en solicitar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que establece, entre otros puntos, la inembargabilidad de sus bienes hasta fines de diciembre.
La consecuencia natural de los incumplimientos oficiales y hasta del plan de retiro de los bonos es la desconfianza de la población, en general, y de los hombres de negocios, en particular, que prefieren optar por vías alternativas de canje ("cuevas" y nuevas operatorias), antes que inmovilizar sus recursos por tiempo indeterminado. Aún más: los empresarios esperarán los primeros resultados de la Operatoria FET especial, por ejemplo. En el sector privado, señalan que la restitución de la confianza se evidenciará si el sistema que se pondrá en marcha el lunes funciona como un reloj suizo y si el canje a pesos se hace en un plazo no mayor de 72 horas, anunciado por el Gobierno.
