Las reelecciones vitalicias

Las reelecciones desmedidas en los cargos ejecutivos es un mal aún sin remedio en el país, al que tan sólo la ética, bastante escasa en nuestra vida pública, puede combatir con eficacia. Los ejemplos más inmediatos y testimoniales corresponden a media docena de provincias, donde en distintas oportunidades desde la restauración democrática otros tantos gobernadores y caudillos locales lograron o están logrando reformas de las constituciones respectivas para imponer reelecciones ilimitadas. A ello debe agregarse el anacrónico régimen de partidos políticos que todavía hace posible el manejo virtualmente cerrado de las mayores agrupaciones y que establece en la mayoría de los casos una relación inexpugnable con los gobiernos del mismo signo. Esa combinación se repite en el nivel municipal, constituyendo en conjunto un sistema de poderes sobre el que los problemas partidarios suelen tener consecuencias, algunas veces tan graves como las que afectaron al gobierno de la Alianza o provocaron la incertidumbre de la reciente transición y del proceso electoral.
Hasta hace casi un mes, el continuismo en las gobernaciones era posible por esa causa en Catamarca, La Rioja, San Luis y Santa Cruz. Hace menos de una semana el gobernador de Formosa consiguió un triunfo electoral que le permitirá reformar la carta provincial para incorporarle la reelección indefinida. En Salta, el mandatario local ha convocado igualmente a su partido con el mismo fin, a pesar de haber sido reciente protagonista como aspirante a la vicepresidencia de la Nación, con un discurso donde invocó la necesidad de renovar la política. Un fenómeno semejante al del sector público ejecutivo se produjo en el sindical, fuertemente comprometido con aquel mediante un sistema de organización que impide la libertad de asociación, con rango constitucional. Es por ello que predominan en la vida gremial las reelecciones indefinidas, dando lugar a una gerontocracia bien rentada e influyente.
La reducción de los mandatos presidencial y provinciales a cuatro años tuvo por finalidad someter la gestión de los máximos cargos ejecutivos a una revisión electoral de su calidad. Pero como ese término puede ser insuficiente para completar una administración eficaz, la reelección continuada por otro igual es una condición saludable y probada con éxito en otros países con organización institucional semejante al argentino. Mas ese modelo debió ser acompañado con una reforma política suficiente que permitiera abrir las clausuras partidarias a la ciudadanía independiente, impidiendo la creación de dirigencias políticas "profesionales" que terminarían manipulando la selección para los cargos públicos. Tales prácticas llevaron a la descalificación de la gestión política entre la sociedad, alejando de esta a los más calificados para desempeñarla. Ese tejido ineficiente y perverso afectó, por lo demás, a los restantes poderes del Estado en cuanto a sus calidades; fueron afectados tan profundamente como la magnitud de la crisis que desacreditó a la República.
Como se advierte, las razones que postraron al país hasta una situación sin precedentes desde la Organización Nacional, superan largamente cualquier valoración de tipo economicista. Bastante más que los requerimientos de modernizar la economía para insertar con claridad y firmeza a la Nación en la realidad mundial, predomina en aquellas la pérdida de conciencia ética y moral en la gestión de intereses públicos.
Por tan evidente causa, se han frustrado los mejores propósitos y aptitudes de una sociedad altamente calificada por sus individualidades, y que a pesar de no pocos esfuerzos aislados, inclusive en la vida pública, ha sido desalentada por el ruinoso continuismo de esas reincidencias deplorables.