Por Redacción Política
05 Junio 2003
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La Justicia hizo lugar hoy a la acción de amparo interpuesta por grupos de derechos humanos contra la postulación de Antonio Bussi a la intendencia de la capital y devolvió la causa a la Junta Electoral para que resuelva si el militar retirado tiene idoneidad moral para ser candidato.
La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó el planteo interpuesto por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros organismos, contra la resolución de la Junta Electoral que habilitó la candidatura del titular de Fuerza Republicana (FR).
Con el voto de Rodolfo Novillo y Enrique Guibert -y la disidencia de Carlos Giovanniello-, el tribunal le ordenó a la Junta que trate nuevamente la impugnación que había rechazado "in limine", razón por la que la candidatura de Bussi aún no está firme porque hay que resolver las objeciones planteadas.
La Justicia concluyó que la Junta Electoral "no respetó las garantías formales y sustanciales que le asisten a todos los electores, al no darle trámite a la impugnación, pese a tener facultades jurisdiccionales para resolver el fondo de la cuestión relativo a la idoneidad moral del candidato".
"La resolución del fondo del problema, invocado por los demandantes, constituye una incumbencia primaria aún pendiente de la jurisdicción inherente de la Junta Electoral y no una materia de enjuciamiento propuesta a esta Cámara" (sólo es órgano de apelación), señalaron los vocales Novillo y Guibert.
El abogado de FR, Javier Morof, minimizó ante la prensa la sentencia al sostener que "la candidatura de Bussi sigue en pie, porque lo único que cambió es que ahora se sustanciará una impugnación que, a todas luces, es infundada".
Por el contrario, Virginia Duffy, abogada de uno de los organismos de derechos humanos, aseveró a Télam que "Bussi ya no es siquiera candidato precario, como era hasta anoche, sino precandidato impugnado, cuya postulación está en el aire por su forma de proceder en el pasado".
El de hoy fue el segundo revés consecutivo que sufre Bussi, porque el 30 de mayo pasado la Cámara Contenciosa Administrativa ya había dispuesto que su candidatura se inscribía en forma provisoria y precaria ante la posibilidad de que se hiciera lugar a la acción de amparo, cosa que finalmente sucedió.
La causa se originó porque la Junta Electoral, a mediados de mayo, oficializó la candidatura del militar retirado por considerar que entre las causas electorales vigentes no está prevista la de idoneidad moral.
En una breve resolución, la junta, que es presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia provincial, Antonio Gandur, desestimó sin tratarla la impugnación de los grupos de derechos humanos que, en consecuencia, recurrieron a la Justicia.
HIJOS y las otras entidades argumentan que en virtud de la Constitución Nacional de 1994 (incorporó los pactos internacionales sobre derechos humanos), Bussi no puede ejercer un cargo público por su participación en la última dictadura (fue gobernador de Tucumán en 1977 y comandante de la V Brigada).
Los demandantes aducen como prueba las causas pendientes que Bussi tiene con la Justicia española, donde se le acusa de terrorismo de Estado, y la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de bloquearle el diploma en 1999 por la misma cuestión.
En tanto, la defensa de FR entiende que "la ley sólo exige que el candidato no esté penalmente condenado, puesto que su idoneidad, al igual que su actuación militar y pública, fue avalada por los tucumanos, quienes los eligieron tres veces diputado nacional desde 1987 y gobernador en el período 1995-1999".
El candidato a gobernador de FR, Ricardo Bussi, volvió a insistir ante la prensa de que "se trata de una causa política motorizada por el justicialismo para impedirle que sea candidato a la intendencia, pese a que reúne holgadamente los requisitos exigidos".
"Es una jugada política producto de que Bussi está 22 puntos por encima del postulante a la intendencia del peronismo, Gerónimo Vargas Aignasse (es hijo de un desaparecido). Para evitar una derrota casi segura recurren a todo tipo de artificios", dijo.
Ante la propia Justicia la impugnación contra Bussi recibió la adhesión de más de 150 entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación Iberoamericana de Derechos Humanos (España) y de Sophie Thonon, quien motoriza una causa contra militares argentinos en la Justicia francesa. (Télam)
La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó el planteo interpuesto por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros organismos, contra la resolución de la Junta Electoral que habilitó la candidatura del titular de Fuerza Republicana (FR).
Con el voto de Rodolfo Novillo y Enrique Guibert -y la disidencia de Carlos Giovanniello-, el tribunal le ordenó a la Junta que trate nuevamente la impugnación que había rechazado "in limine", razón por la que la candidatura de Bussi aún no está firme porque hay que resolver las objeciones planteadas.
La Justicia concluyó que la Junta Electoral "no respetó las garantías formales y sustanciales que le asisten a todos los electores, al no darle trámite a la impugnación, pese a tener facultades jurisdiccionales para resolver el fondo de la cuestión relativo a la idoneidad moral del candidato".
"La resolución del fondo del problema, invocado por los demandantes, constituye una incumbencia primaria aún pendiente de la jurisdicción inherente de la Junta Electoral y no una materia de enjuciamiento propuesta a esta Cámara" (sólo es órgano de apelación), señalaron los vocales Novillo y Guibert.
El abogado de FR, Javier Morof, minimizó ante la prensa la sentencia al sostener que "la candidatura de Bussi sigue en pie, porque lo único que cambió es que ahora se sustanciará una impugnación que, a todas luces, es infundada".
Por el contrario, Virginia Duffy, abogada de uno de los organismos de derechos humanos, aseveró a Télam que "Bussi ya no es siquiera candidato precario, como era hasta anoche, sino precandidato impugnado, cuya postulación está en el aire por su forma de proceder en el pasado".
El de hoy fue el segundo revés consecutivo que sufre Bussi, porque el 30 de mayo pasado la Cámara Contenciosa Administrativa ya había dispuesto que su candidatura se inscribía en forma provisoria y precaria ante la posibilidad de que se hiciera lugar a la acción de amparo, cosa que finalmente sucedió.
La causa se originó porque la Junta Electoral, a mediados de mayo, oficializó la candidatura del militar retirado por considerar que entre las causas electorales vigentes no está prevista la de idoneidad moral.
En una breve resolución, la junta, que es presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia provincial, Antonio Gandur, desestimó sin tratarla la impugnación de los grupos de derechos humanos que, en consecuencia, recurrieron a la Justicia.
HIJOS y las otras entidades argumentan que en virtud de la Constitución Nacional de 1994 (incorporó los pactos internacionales sobre derechos humanos), Bussi no puede ejercer un cargo público por su participación en la última dictadura (fue gobernador de Tucumán en 1977 y comandante de la V Brigada).
Los demandantes aducen como prueba las causas pendientes que Bussi tiene con la Justicia española, donde se le acusa de terrorismo de Estado, y la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de bloquearle el diploma en 1999 por la misma cuestión.
En tanto, la defensa de FR entiende que "la ley sólo exige que el candidato no esté penalmente condenado, puesto que su idoneidad, al igual que su actuación militar y pública, fue avalada por los tucumanos, quienes los eligieron tres veces diputado nacional desde 1987 y gobernador en el período 1995-1999".
El candidato a gobernador de FR, Ricardo Bussi, volvió a insistir ante la prensa de que "se trata de una causa política motorizada por el justicialismo para impedirle que sea candidato a la intendencia, pese a que reúne holgadamente los requisitos exigidos".
"Es una jugada política producto de que Bussi está 22 puntos por encima del postulante a la intendencia del peronismo, Gerónimo Vargas Aignasse (es hijo de un desaparecido). Para evitar una derrota casi segura recurren a todo tipo de artificios", dijo.
Ante la propia Justicia la impugnación contra Bussi recibió la adhesión de más de 150 entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación Iberoamericana de Derechos Humanos (España) y de Sophie Thonon, quien motoriza una causa contra militares argentinos en la Justicia francesa. (Télam)
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