La televisión nacional puso otra vez, en un plano de relevancia, el drama de la desnutrición infantil y la explotación política de la pobreza en Tucumán. El lado más negativo de la administración mirandista se instaló, por unas horas, en la agenda de la opinión pública.
El Canal 9 de Buenos Aires, en la noche del domingo, recogió el testimonio del padre de Barbarita Flores -dijo que a su esposa le dieron un bolsón del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que fuera a votar a las elecciones internas abiertas del 25 de mayo pasado-. La niña también apareció en el programa que conduce Mariano Grondona. Y en la oportunidad se llegó a la conclusión de que la provincia está enfrascada en una lucha política absurda en medio de la feroz competencia de 1.834 sublemas.
En verdad, nada de eso sorprende a los tucumanos, que sufren las consecuencias de tan perversa combinación. La reforma política que pregonó el duhaldismo en febrero de 2002, cuando el agua le llegaba al cuello, quedó casi en la nada en el ámbito federal.
La Provincia se adhirió, pero no pasó de la letra a los hechos. Al oficialismo le convenía no tocar ni una letra de la legislación electoral, ni reducir el número de comunas rurales. En definitiva, preservó los engranajes que le aseguraron la hegemonía política y el dominio de decenas de gobiernos comunales. La oposición, en rigor, tampoco insistió con energía y consecuencia para proceder al desguace de aquellas herramientas.
Planteadas así las cosas, la preocupación mayor del mirandismo radica en evitar el fortalecimiento de opciones alternativas al senador José Alperovich.
Aprovechar y agravar las disidencias ajenas es una política que utilizó la Casa de Gobierno con destreza desde la llegada del mirandismo.
En el Frente Unión por Tucumán repercutió hondamente una versión que aludía a presuntos acuerdos políticos entre el ex gobernador Antonio Bussi y el ex fiscal Esteban Jerez. La especie cobró cuerpo justamente cuando este se encontraba en Brasil. Subió la temperatura en la coalición que alberga a partidos de signo liberal, peronistas disidentes, radicales y fuerzas de centroizquierda.
La heterogeneidad de los componentes alimenta las dudas, y la cercanía de las elecciones del 29 agrega tensiones a una sociedad multipartidaria que aún está lejos de haber madurado.
En el banquillo de los acusados se sentó al legislador Gumersindo Parajón (Pueblo Unido), a quien ven cada vez más cerca de la Casa de Gobierno. Parajón no se cansó de repetir que apoya al radical Rubén Chebaia, pero no a Jerez. Organizaba un acto con ese fin.
La deducción que los frentistas hicieron fue simple: el jefe de Pueblo Unido alienta el corte de boleta en contra de la chance de Jerez. Además, dicen que Parajón esparció rumores referidos a supuestas componendas de algunos sublemas con el bussismo en detrimento de Chebaia. Desde los partidos Ciudadanos Independientes y Recrear se negó que ello fuera cierto.
Ante ese panorama, los tres oradores que mañana debían compartir la tribuna con Parajón deshicieron su compromiso. José Ricardo Ascárate (UCR), Rodolfo Succar (Socialismo Popular) y Chebaia coincidieron en que debían preservar la unidad de la coalición absteniéndose de enviar mensajes confusos a la sociedad.
"La pelota está en cancha ajena", dijo uno de ellos, en referencia al legislador de Pueblo Unido. Por su parte, Chebaia aseveró: "no iré a ningún acto donde se propicie la parcelación del voto". Parajón debe jugar ahora la próxima carta.
Bussi está pendiente, a la vez, de lo que diga la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La confirmación de su postulación a la intendencia es aún incierta. El juez Enrique Guibert puede aceptarla o rechazarla.
