La Universidad en conflicto

El paro en la Universidad Nacional de Tucumán tuvo varios días de vigencia. La medida ha cesado luego de que el Rectorado concediera finalmente los $ 100 de incremento salarial que exigía el sector no docente.
Asimismo se decidió otorgar un aumento de $ 75 a los docentes, aunque estos pedían $ 200. Las tres Facultades seguirán tomadas por los alumnos hasta las 10 de hoy. Por otro lado, varias de esas dependencias académicas afrontan problemas económicos que hacen imposible su funcionamiento normal debido a un presupuesto escaso. De acuerdo con lo que ha declarado el rector, la Nación adeuda a la casa $ 11 millones, cuyo pago en cuotas se acordó meses atrás.
La cuestión es grave, como todas las que tienen que ver con la educación. La Universidad Nacional de Tucumán, con sus casi nueve décadas de vida, es una de las más importantes del país, por la vastedad de su estructura académica, su planta de docentes y empleados y su población estudiantil. No es necesario ponderar la trascendencia que tiene, para la vida de la provincia y de la región, que su gestión se desarrolle sin tropiezos.
Nos parece que deberían iniciarse, tanto por parte del Estado nacional, como por parte de las autoridades de la casa y de todos sus estamentos, las acciones tendientes a normalizar una realidad como la actual, que nadie puede desear. No puede negarse que las reivindicaciones salariales tienen pleno justificativo. Pero también debe tenerse en cuenta que la cuestión de las remuneraciones insuficientes no es distinta a la que afecta, de manera generalizada, a todos los argentinos que trabajan en relación de dependencia con el Estado. Y que el Tesoro público se halla aquejado, en el caso presente, por evidentes carencias económicas y financieras que no permiten satisfacer las reclamaciones que se le formulan.
Pensamos que para no volver a caer dentro de poco tiempo en un enfrentamiento similar, es necesario un diálogo entre todos los sectores involucrados, donde se busque, con realismo, la manera de sortear estos cuadros de conflicto que se han convertido en una constante. Ello, sobre la base -y no puede ser de otra forma- de concesiones recíprocas. Lo decimos porque es necesario mirar simultáneamente hacia otra dimensión del problema. La educación universitaria es un derecho de nuestra juventud, y al país le interesa extremadamente que ella pueda brindarse sin tropiezos.
Existe el imperativo de formar debidamente a las generaciones que habrán de conducir a nuestra sociedad en un futuro para nada distante. Entonces, necesitamos que la Universidad funcione. No podrá hacerlo, por las circunstancias económicas, en las condiciones óptimas; pero debe funcionar, porque es una auténtica necesidad para todos que nadie tiene derecho de posponer.
No hay ninguna cuestión que no pueda ser superada si las partes en pugna buscan sinceramente los puntos de concordancia. Sería deseable que así ocurriera siempre en nuestra primera casa de estudios.
El actual momento de la vida nacional, por otra parte, demanda una cierta tregua en asuntos como este. Hace muy pocos días que está al frente de la República un nuevo presidente, y no puede pensarse que los asuntos más candentes de su resorte -entre los que están las retribuciones universitarias- puedan solucionarse de un momento a otro.
Creemos, entonces, que sería sensato dejar de lado las posturas irreconciliables y tener simultáneamente presentes los bien entendidos intereses de la juventud. Ella es, en última instancia, la destinataria de los esfuerzos educativos. No puede pensarse que no haya una manera de comenzar a revertir la situación de conflicto que mantiene inactiva a nuestra primera casa de estudios.