Las elecciones provinciales del 29 de junio le están causando dolores de cabeza a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La sala II de ese tribunal, supuestamente este mediodía, resolverá una importante causa: definirá si el titular de Fuerza Republicana (FR), Antonio Domingo Bussi, puede ser candidato a intendente de esta capital. Hasta anoche, las diferencias existentes entre los vocales impidieron el dictado de una sentencia sobre la impugnación planteada en contra del ex gobernador por organismos de derechos humanos.
Por orden judicial, la Junta Electoral inscribió la postulación de Bussi de forma provisoria y precaria hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Los organismos de derechos humanos sostienen que, por su actuación en la última dictadura militar, el presidente de FR carece de idoneidad moral para desempeñar cualquier cargo público. Precisamente, este fue el argumento utilizado por la Cámara de Diputados de la Nación para rechazar el diploma de Bussi -y, por ende, su acceso a ese cuerpo- en 1999.
Las diferencias de criterio entre los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello, hasta el momento, bloquearon la posibilidad de una sentencia. Por ello, las partes fueron notificadas ayer respecto de que la sala II debió integrarse con un vocal de la sala III, Enrique Guibert, cuyo voto, en definitiva, será determinante para resolver el litigio.
Criterios encontrados
De fuentes judiciales e interesados en el asunto trascendió que uno de los dos camaristas habría sostenido en el borrador de su voto que Bussi era inhábil para ser candidato, en virtud de los pactos internacionales incorporados a la Constitución de 1994 y del pronunciamiento de la Cámara de Diputados, cuando rechazó el diploma del militar retirado. El otro habría planteado que no existía jurisprudencia suficiente como para impedir que el ex mandatario se presente para disputar la intendencia municipal. De este modo, habilitaba la postulación, aunque con cierta reserva. Por el momento, Bussi está inscripto en forma provisoria.
Referentes de los organismos de derechos humanos adelantaron que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia un eventual fallo en contra.
En FR, donde la demora de la Cámara en lo Contencioso Administrativo causó nerviosismo -esperaban una resolución para el martes-, afirman que Bussi cumple con todos los requisitos fijados por la normativa electoral vigente (es el criterio de la Junta Electoral que fue cuestionado por los organismos de derechos humanos mediante la acción de amparo). Agregan que sobre la idoneidad moral de los candidatos se expide la gente en las urnas.
Adhesión internacional
La presentación en contra de Antonio Bussi recibió más de 150 adhesiones de entidades nacionales e internacionales. Desde España, por ejemplo, lo hizo Fernando Rovetta, de la Asociación Iberoamericana de Derechos Humanos. Y desde Francia, Sophie Thonon, quien es querellante ante la Justicia de ese país en una causa por violaciones a los derechos humanos de ciudadanos franceses durante la dictadura argentina.
Por orden judicial, la Junta Electoral inscribió la postulación de Bussi de forma provisoria y precaria hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Los organismos de derechos humanos sostienen que, por su actuación en la última dictadura militar, el presidente de FR carece de idoneidad moral para desempeñar cualquier cargo público. Precisamente, este fue el argumento utilizado por la Cámara de Diputados de la Nación para rechazar el diploma de Bussi -y, por ende, su acceso a ese cuerpo- en 1999.
Las diferencias de criterio entre los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello, hasta el momento, bloquearon la posibilidad de una sentencia. Por ello, las partes fueron notificadas ayer respecto de que la sala II debió integrarse con un vocal de la sala III, Enrique Guibert, cuyo voto, en definitiva, será determinante para resolver el litigio.
Criterios encontrados
De fuentes judiciales e interesados en el asunto trascendió que uno de los dos camaristas habría sostenido en el borrador de su voto que Bussi era inhábil para ser candidato, en virtud de los pactos internacionales incorporados a la Constitución de 1994 y del pronunciamiento de la Cámara de Diputados, cuando rechazó el diploma del militar retirado. El otro habría planteado que no existía jurisprudencia suficiente como para impedir que el ex mandatario se presente para disputar la intendencia municipal. De este modo, habilitaba la postulación, aunque con cierta reserva. Por el momento, Bussi está inscripto en forma provisoria.
Referentes de los organismos de derechos humanos adelantaron que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia un eventual fallo en contra.
En FR, donde la demora de la Cámara en lo Contencioso Administrativo causó nerviosismo -esperaban una resolución para el martes-, afirman que Bussi cumple con todos los requisitos fijados por la normativa electoral vigente (es el criterio de la Junta Electoral que fue cuestionado por los organismos de derechos humanos mediante la acción de amparo). Agregan que sobre la idoneidad moral de los candidatos se expide la gente en las urnas.
Adhesión internacional
La presentación en contra de Antonio Bussi recibió más de 150 adhesiones de entidades nacionales e internacionales. Desde España, por ejemplo, lo hizo Fernando Rovetta, de la Asociación Iberoamericana de Derechos Humanos. Y desde Francia, Sophie Thonon, quien es querellante ante la Justicia de ese país en una causa por violaciones a los derechos humanos de ciudadanos franceses durante la dictadura argentina.







