Entre jueces y militares

BUENOS AIRES.- El Presidente tiene ahora en su mesa de trabajo dos cuestiones muy pesadas que le van a costar políticamente eludir: la consulta popular sobre relevos en la Corte Suprema y la extraterritorialidad de los juicios a militares; de ambas se habló en sus reuniones con las entidades defensoras de los derechos humanos, incluida la más radicalizada de Hebe Bonafini. La consulta pública no es vinculante, pero una convocatoria por el gobierno complicará inconstitucionalmente al Poder Ejecutivo en una cuestión con exclusividad del Congreso, poniendo en tela de juicio el espíritu institucionalista del mensaje de asunción de Néstor Kirchner. En cuanto a la cuestión de permitir el enjuiciamiento de militares en jurisdicciones extranjeras, el presidente debería enfrentar por ello una reacción en las Fuerzas Armadas, todavía no recuperadas de la vertiginosa gran purga de hace una semana. Es público y notorio que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, es partidario de esa concesión, por lo que no debe sorprender que tenga en estudio una propuesta para resolverla.

Manipulaciones
Ese angosto callejón entre los compromisos electorales y la realidad política concreta está siendo recorrido hasta el momento por Kirchner, con la ayuda que le prestan sus dinámicos actos de gobiernos y que las encuestas de opinión registran como causas de su rápido ascenso en la confianza pública. En el caso de la Corte, si bien el gobierno hace esfuerzos por mostrarse ajeno al desenlace, sus referencias a la cuestión se han vuelto tan frecuentes que muy pocos dudan de su intromisión en ella. El problema no está planteado ahora en cómo se hará para que se vayan al menos tres jueces, sino en el temor de que sus vacantes sean cubiertas por adictos. Es por ello que las realidades y versiones sobre esos cambios están generando ya reacciones de voces y sectores muy expectantes, preocupados por otros recambios al "uso nostro". Por otra parte, la presión sicológica sobre algunos jueces es ya tan fuerte que difícilmente puedan superarla.

Sin crédito
La aspiración del ministro de Economía, de dividir el debate con el Fondo Monetario en dos partes, la de las cuentas fiscales y sobre la seguridad jurídica, para solicitar un perdón en la segunda, no parece contar hasta el momento con la simpatía del organismo internacional. Ese será el punto central de discusión entre Roberto Lavagna y la misión del FMI llegada a Buenos Aires. El segundo aspecto concierne a la prórroga de las ejecuciones hipotecarias por el Congreso y que el Poder Ejecutivo promulgó el lunes, y a la sanción de la ley de bienes culturales, a punto de producirse. Ambas cuestiones, a juicio del Fondo, afectan a la seguridad jurídica, un punto en el que todavía nuestro país no ha logrado recuperar el crédito de su normalidad más allá de las fronteras. (De nuestra Sucursal)