La política de servicios públicos

La decisión del Gobierno nacional de no prorrogar los contratos de concesión de rutas por peaje y llamar a nuevas licitaciones en octubre próximo, adelanta una política oficial en cuanto a las privatizaciones de los servicios públicos. Con ello se pone fin a un dudoso panorama en ese vasto sector de la economía, provocado por el ambiguo discurso preelectoral. Tras anunciarse que habrá nuevas licitaciones de la red vial -con excepción de las autopistas de acceso al distrito federal- el jefe del Gabinete del poder central, manifestó que "en cualquier país normal, cuando vence un contrato de concesión se llama a licitación para buscar a quien es el oferente de mejor precio y calidad". El funcionario precisó así, de forma sencilla y concluyente, que se trata de competir en beneficio de los usuarios; es decir, los ciudadanos, que lo perciben directamente al momento de utilizar un servicio e, indirectamente, de otros sectores de la economía alcanzados por la eficacia del sistema.
Nuestro país tiene en ese orden una extraordinaria e intensa experiencia, sobre la que cada cual puede contar su propia historia en la seguridad de coincidir con los millones de usuarios que padecieron frecuentes cortes de energía o no pudieron comunicar telefónicamente sus urgencias, por citar tan sólo los servicios más comunes. El elevado costo y la complejidad de las privatizaciones de servicios públicos argentinos tuvieron por causa el profundo deterioro de los mismos y la imposibilidad estatal, financiera y administrativa, de conservarlos en condiciones mínimas de eficacia. La manipulación política de las tarifas durante repetidos períodos de inflación y la utilización de las empresas como opciones de empleo para compensar la desocupación real son las causas del colapso al que fue precipitada la mayoría de estas. Paralelamente, las compañías estatales dejaron de publicar sus balances, pasando de hecho a constituir organismos del Estado, provocadores de fuertes déficit. Un caso muy singular y con repercusión internacional fue el de YPF, la única empresa del rubro que daba pérdidas y que, por lo demás, no podía satisfacer adecuadamente el consumo nacional, debiéndose recurrir a la importación de nafta común.
Satisfecha la demanda de servicios -con excepción de la red ferroviaria, reducida en un erróneo plan durante los años sesenta- mediante sus privatizaciones, el Estado siguió demostrando su incapacidad en el sector, al no poder controlar adecuadamente, mediante los entes respectivos, el costo de tarifas y las deficiencias de las empresas concesionarias. Fue así como los primeros contratos se prorrogaron -en algunos casos sin necesidad por el menor costo de la inversión- partiendo de informes insuficientes de los entes de control. Un panorama sucinto del antes y el después de la privatización de servicios públicos lo ofrece el sector telefónico, donde se pasó de 3,3 millones de líneas instaladas en 1990 a 7,9 millones en la actualidad; en el caso de la energía, el volumen de servicios de SEGBA, de 3,9 millones en 1992, pasó a 4,7 millones. Otro dato referencial es que el sector concesionado de empresas públicas abona impuestos nacionales por alrededor de 2.000 millones de pesos, algo con lo que ninguna de sus antecesoras estatales cumplía, mientras recibían recursos del erario para poder subsistir.
La decisión de mantener la política de privatización de los servicios debe contemplar la apertura de las futuras licitaciones a los actuales concesionarios que hayan demostrado una adecuada calidad y costo de las prestaciones. Por lo demás, el debate ideológico -donde un presunto nacionalismo pretende sacrificar el interés general y la propia economía del país al optar por la ineficiencia- no debe ser el contexto de una decisión hacia el progreso.