Ante todo, se impone la aclaración de que no se trata de una chanza, del estilo de las bromas del Día de los Inocentes. Lo cierto es que la casi totalidad de los legisladores del PJ firmó un pedido de informes al vicegobernador, reclamándole un pormenorizado detalle de su gestión. Uno de los ítems, para cobrar cabal dimensión de lo que trata el documento, pide especificaciones sobre presupuestos de gastos y de recursos y sus respectivos niveles de ejecución desde el inicio de la gestión.
No se trata de un acta histórica del siglo pasado. Los firmantes son los actuales legisladores justicialistas y exigen los datos sobre los gastos por viáticos, movilidad y reintegros salariales por pasajes y matrículas de cursos efectuados por funcionarios y por el personal, con indicación de los trabajadores que dispusieron de ellos.Con la excepción de Teresa Ramírez de Castro y de Claudia Herrera, los parlamentarios del Frente Fundacional demandan el detalle de la planta de personal permanente y temporario. La nómina completa debe estar discriminada por año presupuestario, categoría y función, incluyendo datos filiatorios, escalafón, antigüedad; si el trabajador ingresó por designación o por concurso, ascensos, sanciones disciplinarias y remuneración.
Los 18 justicialistas firmantes demandan, además, información sobre los gastos, con el instrumento, la documentación respaldatoria, la partida presupuestaria de la que surgen, la autoridad de control y los datos de quienes dispusieron de ellos.
Aunque parezca demasiado bueno para ser cierto, la verdad es que solicitan también un inventario del patrimonio de bienes muebles e inmuebles, con erogaciones por mantenimiento en cada caso, listado de todo gasto que implique contratación externa, desde restaurantes hasta fotocopiadoras, y erogaciones de telefonía.
Para terminar de contextualizar los informes, se pide el organigrama, es decir, la estructura técnico administrativa del Poder Legislativo, discriminada por direcciones, subdirecciones, departamentos, áreas o sectores, con especificación de la dotación de cargos de conducción, administración y de servicios, mantenimiento o maestranza.
La iniciativa fue efectivamente girada, y su valor radica en que apunta a los puntos neurálgicos del manejo presupuestario, pero también en su capacidad de advertir, dado que el petitorio no es un esfuerzo revisionista. Porque el vicegobernador al que está dirigido no es Sisto Terán, sino Raúl Topa, y fue refrendado el 16 de octubre de 1999 por los entonces legisladores electos.
Ya entonces, los hombres y las mujeres de la bancada del oficialismo sabían con claridad sobre cuáles áreas del manejo del presupuesto debía echarse luz. Pero a cuatro meses de que se cumplan sus mandatos nada hicieron por clarificar los agujeros negros de la administración legislativa.
Los trabajadores de la Cámara no están bancarizados ni el manejo de los fondos se publica en Internet, aunque hubo proyectos para que esto se revirtiera. No se sabe por qué la Justicia demandaba $ 1,8 millón para gastos de funcionamiento con un presupuesto de $ 54 millones, mientras la Legislatura, con una partida de $ 29,5 millones, necesitaba $ 9,2 millones en esos servicios no personales. Aun después de derogados los gastos de bloque, que cobraron todos, menos uno.
Tampoco se conoce por qué no son suficientes los 400 empleados permanentes, razón por la que se destina al personal no los $ 8 millones que ellos insumen (sueldos, extensiones horarias y asignaciones), sino $ 19,5 millones. La de los contratados es una verdadera fiesta popular.
El documento del ?99 es la prueba elocuente de saber qué hacer para transparentar un poder del Estado y fortificar la democracia, pero no querer hacerlo. Una traición al pueblo semejante sólo podía firmarse en la víspera del Día de la Lealtad.Por Alvaro José Aurane
Ante todo, se impone la aclaración de que no se trata de una chanza, del estilo de las bromas del Día de los Inocentes. Lo cierto es que la casi totalidad de los legisladores del PJ firmó un pedido de informes al vicegobernador, reclamándole un pormenorizado detalle de su gestión. Uno de los ítems, para cobrar cabal dimensión de lo que trata el documento, pide especificaciones sobre presupuestos de gastos y de recursos y sus respectivos niveles de ejecución desde el inicio de la gestión.
No se trata de un acta histórica del siglo pasado. Los firmantes son los actuales legisladores justicialistas y exigen los datos sobre los gastos por viáticos, movilidad y reintegros salariales por pasajes y matrículas de cursos efectuados por funcionarios y por el personal, con indicación de los trabajadores que dispusieron de ellos.Con la excepción de Teresa Ramírez de Castro y de Claudia Herrera, los parlamentarios del Frente Fundacional demandan el detalle de la planta de personal permanente y temporario. La nómina completa debe estar discriminada por año presupuestario, categoría y función, incluyendo datos filiatorios, escalafón, antigüedad; si el trabajador ingresó por designación o por concurso, ascensos, sanciones disciplinarias y remuneración.
Los 18 justicialistas firmantes demandan, además, información sobre los gastos, con el instrumento, la documentación respaldatoria, la partida presupuestaria de la que surgen, la autoridad de control y los datos de quienes dispusieron de ellos.
Aunque parezca demasiado bueno para ser cierto, la verdad es que solicitan también un inventario del patrimonio de bienes muebles e inmuebles, con erogaciones por mantenimiento en cada caso, listado de todo gasto que implique contratación externa, desde restaurantes hasta fotocopiadoras, y erogaciones de telefonía.
Para terminar de contextualizar los informes, se pide el organigrama, es decir, la estructura técnico administrativa del Poder Legislativo, discriminada por direcciones, subdirecciones, departamentos, áreas o sectores, con especificación de la dotación de cargos de conducción, administración y de servicios, mantenimiento o maestranza.
La iniciativa fue efectivamente girada, y su valor radica en que apunta a los puntos neurálgicos del manejo presupuestario, pero también en su capacidad de advertir, dado que el petitorio no es un esfuerzo revisionista. Porque el vicegobernador al que está dirigido no es Sisto Terán, sino Raúl Topa, y fue refrendado el 16 de octubre de 1999 por los entonces legisladores electos.
Ya entonces, los hombres y las mujeres de la bancada del oficialismo sabían con claridad sobre cuáles áreas del manejo del presupuesto debía echarse luz. Pero a cuatro meses de que se cumplan sus mandatos nada hicieron por clarificar los agujeros negros de la administración legislativa.
Los trabajadores de la Cámara no están bancarizados ni el manejo de los fondos se publica en Internet, aunque hubo proyectos para que esto se revirtiera. No se sabe por qué la Justicia demandaba $ 1,8 millón para gastos de funcionamiento con un presupuesto de $ 54 millones, mientras la Legislatura, con una partida de $ 29,5 millones, necesitaba $ 9,2 millones en esos servicios no personales. Aun después de derogados los gastos de bloque, que cobraron todos, menos uno.
Tampoco se conoce por qué no son suficientes los 400 empleados permanentes, razón por la que se destina al personal no los $ 8 millones que ellos insumen (sueldos, extensiones horarias y asignaciones), sino $ 19,5 millones. La de los contratados es una verdadera fiesta popular.
El documento del ?99 es la prueba elocuente de saber qué hacer para transparentar un poder del Estado y fortificar la democracia, pero no querer hacerlo. Una traición al pueblo semejante sólo podía firmarse en la víspera del Día de la Lealtad.
