Irregularidades en planes sociales

En el refranero popular criollo, hay expresiones simpáticas, tales como "es más peligroso que mono con yilé", que bien podrían aplicarse a nuestra clase dirigente de los últimos lustros. Un fenómeno curioso sucede también con algunas palabras que corren el riesgo de adoptar la ciudadanía argentina y tucumana, a causa de su exacerbado uso cotidiano, a lo largo y ancho del país. Irregularidad ("malversación, desfalco, cohecho u otra inmoralidad en la gestión o administración pública, o en la privada", según el diccionario de la Real Academia Española) e ilícito ("no permitido legal o moralmente") parecen haberse hecho tristemente carne en nuestra idiosincrasia.
La Justicia Federal está investigando si el Gobierno tucumano incurrió en algún delito en la aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), desplegado por la Nación durante el primer semestre de 2002. La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación indicó que funcionarios provinciales podrían haber incurrido en los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al canjear efectivo por bonos.El PEA sirvió para que el Poder Ejecutivo local entregara tickets por $ 25 por mes a 44.000 beneficiarios, sostuviera a 2.500 huertas comunitarias y ayudara a comedores sociales que dieron unos 20.000 almuerzos mensuales, según las cifras oficiales de la Nación. El monto erogado por el plan en Tucumán ronda la cifra de $ 1,3 millón mensuales.
Según las actuaciones administrativas de la Oficina Anticorrupción, al suscribir el contrato con la firma que distribuía los vales alimentarios, el Gobierno provincial no se reservó el derecho de controlar la cantidad real de los vales mensuales que fueron efectivamente pagados por la empresa. Sin embargo, todos los meses se le abonó a la firma, por anticipado, $ 1,1 millón para entregarles $ 25 a cada uno de los 44.000 beneficiarios del PEA. Lo habitual es que el 10% de los tickets no sea gastado por pérdida, destrucción, vencimiento u otras razones. Pero no se conocen las cifras finales, según la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que realizó una auditoría en junio pasado.
El contrato con la compañía Luncheon Tickets se firmó el 15 de abril de 2002. El día 19 la Provincia desembolsó $ 887.050 y el 7 de mayo, $ 212.950, con lo que se completó la primera cuota de $ 1,1 millón para atender a 44.000 beneficiarios. Pero el Gobierno sólo envió datos de 42.223 personas (suman $ 1,05 millón), y recibió los tickets, que fueron distribuidos entre el 23 y el 29 de abril. Ni siquiera se distribuyeron todos. Sólo 40.389 beneficiarios retiraron la primera cuota (representan $ 1 millón). Por diversas razones, no se entregaron los tickets de 1.834 beneficiarios, por $ 45.850. Pero la empresa ya había cobrado todo. Quedó un saldo favorable de $ 90.275, motivo central de la auditoría.
Se sabe, por otro lado, que habría unos 12.000 planes Jefes y Jefas de Hogar que fueron mal otorgados y que el Gobierno local implementó en 2002 la ayuda social sin un relevamiento fehaciente de las necesidades de los beneficiarios. La Nación también cuestionó que los recursos del PEA hayan sido depositados en una caja única y salieran del erario convertidos en Bocade.
Las irregularidades son variadas y aunque no está concluida la investigación, se pone en evidencia, una vez más, la escasez de transparencia en el manejo de los dineros públicos.
Sería mucho más que auspicioso para la sociedad, cuyo deterioro moral es preocupante, que en caso de comprobarse los supuestos ilícitos por parte del Gobierno local, haya entonces responsables concretos y que estos sean castigados con todo el peso de la ley. Si ello no sucediera, los tucumanos continuaremos regalándoles "yilés" a nuestros gobernantes para que afeiten nuestros dineros y también la esperanza.