Recuperación de la Corte Suprema

La situación de la Corte Suprema ha vuelto a ocupar rápidamente un lugar expectante a partir de la asunción del nuevo gobierno; se repite así una circunstancia política que desde hace más de medio siglo se realimenta a sí misma; es decir, las difíciles relaciones del máximo tribunal con el poder político y que ponen en tela de juicio la independencia de la Justicia. Cuando en 1947 la flamante administración peronista produjo el relevo de la Corte -con excepción de uno de sus integrantes-, algo que ni siquiera había intentado el gobierno revolucionario de 1930, fue para adecuar su recomposición al signo político del Poder Ejecutivo. A partir de esa fecha liminar, ninguno de los gobiernos civiles o militares que se sucedieron, salvo el del presidente Arturo Illia, dejó de aplicar la misma fórmula de adaptación a la circunstancia mediante relevos suficientes, las menos de las ocasiones apelando al juicio político. Más original, aunque no por ello menos preocupado por asegurarse una jurisprudencia favorable, el justicialismo menemista apeló a la elevación del número de jueces del tribunal supremo hasta configurar una mayoría con su sello que el humor político calificó de automática.
Por cierto que esa larga crisis de la Justicia independiente ha constituido en última instancia el golpe más severo para la seguridad jurídica, si bien no debe ignorarse que, aunque en minoría, hubo y hay magistrados merecedores de su investidura. Si se atiende el espíritu que informa al reciente mensaje de asunción del presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa, debe entenderse que uno de sus propósitos fundamentales en la nueva etapa del país, es poner fin a esa situación irregular de relaciones oscuras entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema que tanto han desprestigiado a la República. Si es así, el problema no es menor, pues para ello será necesario que su solución transcurra dentro del cauce institucional que se procura recuperar, sin interferencias que permitan suponer que, una vez más, se pretende sustituir jueces por otros afines a las necesidades del Gobierno.
A propósito de esa delicada cuestión, el presidente Kirchner se comprometió en su campaña electoral a "respetar absolutamente la pirámide y el ordenamiento jurídico argentinos"; mas el debate a que está dando lugar en el Congreso el eventual juicio político del juez de la Corte, Carlos Fayt, suscita algunas preocupaciones sobre la certeza de aquel propósito.
Por lo pronto, el caso del octogenario magistrado -ajeno a la mayoría automática- parece adquirir trascendencia, no tanto en su motivación formal, cuanto por el propósito no oculto en indiscretos círculos oficiales, de utilizarlo para provocar un relevo más numeroso en la Corte. En tal sentido, alguna otra iniciativa de la oposición parlamentaria procura que así sea, inclusive repitiendo el enjuiciamiento colectivo del pasado año que el propio gobierno de transición impulsó, para rectificarse posteriormente por necesidades políticas.
Cualquiera que sea la dirección que el debate asuma en el Parlamento, debe entenderse que, en definitiva, se trata de la vía idónea marcada por la Constitución, pero deberá quedar transparentemente expuesto aquel compromiso presidencial de respetarla, para que pueda ponerse fin a esa perversa intromisión de medio siglo del Poder Ejecutivo en la Justicia.
No es menos cierto que el respeto perdido por la Corte Suprema como garante de la seguridad jurídica debe ser restaurado por decisión de algunos de sus miembros o bien del Poder Legislativo mediante causas fundadas. Pero todo lo que se haga o acontezca con ese fin deberá consumarse con el más severo rigor institucional para no abrir otro capítulo ominoso en la historia de la Nación.