La prudencia de los actos públicos

La asunción de las nuevas autoridades en el poder central está siendo seguida por algunos hechos y circunstancias que perturban el clima esperanzador de una sociedad ansiosa por recuperar el estado de normalidad perdido en la crisis. Si bien esas situaciones están indicando que la Nación se apresta a un proceso de cambios en su vida pública que en ciertos momentos puede producir dificultades de adaptación, no debe dejar de señalarse la necesidad de que las acciones con tal fin transcurran en el marco de prudencia que califica a toda gestión política.
Nuestro país viene de una larga etapa donde los desaciertos le hicieron perder el ritmo institucional, de tal manera que su recuperación representa un esfuerzo colectivo en el que el ejercicio de autoridad de los poderes públicos debe demostrar no sólo firmeza, sino la transparencia ejemplar de sus motivaciones. El estilo de los funcionarios, desde el Presidente de la Nación hasta los niveles menores de responsabilidad pública, juega en ello un papel esencial, pues el contenido de sus decisiones se valoriza con la dignidad de sus actos.
La decisión presidencial de producir un relevo sin precedentes por su número y urgencia desde la restauración constitucional en los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas, ha sido uno de esos casos donde la precipitación no ha guardado relación con la situación institucional y específica en que se desenvuelven aquellas.
Por cierto que el Presidente, como comandante supremo de las instituciones militares, dispone de atribuciones para esa decisión, mas la excepcional rapidez de esta ha estado lejos de constituir una acción política a tono con la realidad.
Consecuencia de ello es el debate que la circunstancia provocó y el reprobable por inapropiado mensaje formal de despedida del ex jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, cuyo contenido remite a tiempos que tampoco se corresponden con la realidad presente.
Si bien la renovación en las Fuerzas Armadas es una necesidad periódica, en condiciones normales como la actual debería considerarse, por lo demás, el costo profesional desde el punto de vista de la defensa que representa un relevo masivo como el dispuesto.
Otro testimonio merecedor de observación negativa han sido las manifestaciones del titular del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Prat Gay, en el transcurso de una reunión con economistas en la Fundación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde calificó de "enorme disparate" la solicitud del Presidente -todavía sin asumir su cargo- a favor de una cotización determinada del dólar. Merecedor de juicios parecidos sobre el mismo tema fue igualmente en la ocasión el ministro de Economía. Advertido del fuerte eco provocado por sus comentarios, el presidente del BCRA pretendió disimular la trascendencia de esos dichos, afirmando que los expresó en forma coloquial.
Grave error de un funcionario que no advierte la trascendencia de sus manifestaciones en esa condición, sobre temas tan significativos como en este caso, al igual que también lo sería la pretensión de removerlo sin reparar en su autarquía institucional, tal cual ocurrió con más de un predecesor en el cargo, sumando graves factores de inestabilidad financiera.
Ambos casos deberían servir de ejemplo para comprender que no es posible la restauración institucional de la vida pública si los actos consiguientes no observan prudencia ni moderación entre quienes deben dar ejemplo a la sociedad, antes que motivos de preocupación.