25 Noviembre 2010 Seguir en 
La causa que investiga el fiscal Guillermo Herrera sobre un oficio trucho que sirvió para liberar a un detenido generó polémica en el ámbito tribunalicio. Mientras el Colegio de Abogados emitió un comunicado protestando porque se difundió el nombre del abogado Alejandro Diéguez como imputado en el caso, la Asociación de Magistrados respondió que todas las medidas judiciales fueron realizadas con todos los recaudos que exige la ley y respaldó al fiscal.
En tanto, ayer declaró la única detenida en el marco de la causa, y aseguró que nada tenía que ver con el episodio. Además, la Policía realizó allanamientos para tratar de detener a dos sospechosas, pero siguen sin poder dar con ellas.
La investigación se inició el jueves 11, cuando una persona -el fiscal cree que se trató de una mujer- llegó a la Jefatura de Policía con el oficio en el que se ordenaba la libertad de Raúl "Pelao" Rivadeneira, quien está imputado de robo agravado en banda.
El documento siguió su trámite hasta llegar a la sección Robos y Hurtos. Los policías le dieron cumplimiento, y cuando notificaron al juzgado que supuestamente lo había emitido, recibieron con sorpresa la respuesta: nadie había ordenado que "El Pelao" saliera del calabozo.
Herrera comenzó a investigar el hecho. Al parecer, alguien había utilizado otro documento judicial que tenía como protagonista a Rivadeneira para fraguar el oficio.
El fiscal solicitó allanamientos en diferentes oficinas policiales, en el estudio de Diéguez y en diferentes propiedades, en busca de la hermana y de la madre del "Pelao". Pero, hasta ahora, ellas no aparecieron.
Los operativos en la oficina del letrado y la divulgación de su nombre generó diferentes reacciones entre sus colegas. "Habíamos pedido que no se hiciera pública la causa, porque debía resguardarse el nombre de Diéguez, por el principio de inocencia, y además porque recién se encuentra en una etapa investigativa. Dar el nombre implica un grave perjuicio, no sólo para este abogado sino para toda la abogacía", dijo Jorge Contrera, secretario del Colegio de Abogados.
Ayer, la Asociación de Magistrados, presidida por la camarista Ester Valderrábano de Casas, se reunió debido a una nota enviada por Herrera, en la que expresa que considera injuriantes las expresiones de los abogados.
"La Asociación de Magistrados de Tucumán expresa una profunda preocupación ante las manifestaciones vertidas en los medios de prensa por representantes del Colegio de Abogados, que atribuyen a un fiscal de Instrucción graves irregularidades y abuso de autoridad, y solicitan su apartamiento en la causa, toda vez que en dicha causa el titular del Ministerio Público actuó en el marco que le confiere el Código Procesal Penal y la Constitución, y el allanamiento llevado a cabo en un estudio jurídico -realizado como medida necesaria para la investigación de un ilícito penal de honda repercusión pública-, fue llevado a cabo por orden del Juez de Garantías, y con todos los recaudos necesarios que exige el lugar de su realización, en especial la designación como veedor del propio secretario del Colegio Profesional, Jorge Contrera, y en presencia del letrado. Asimismo, cabe recordar que todas las medidas judiciales pueden ser recurridas en el marco normativo vigente", expresa la nota.
En tanto, ayer declaró la única detenida en el marco de la causa, y aseguró que nada tenía que ver con el episodio. Además, la Policía realizó allanamientos para tratar de detener a dos sospechosas, pero siguen sin poder dar con ellas.
La investigación se inició el jueves 11, cuando una persona -el fiscal cree que se trató de una mujer- llegó a la Jefatura de Policía con el oficio en el que se ordenaba la libertad de Raúl "Pelao" Rivadeneira, quien está imputado de robo agravado en banda.
El documento siguió su trámite hasta llegar a la sección Robos y Hurtos. Los policías le dieron cumplimiento, y cuando notificaron al juzgado que supuestamente lo había emitido, recibieron con sorpresa la respuesta: nadie había ordenado que "El Pelao" saliera del calabozo.
Herrera comenzó a investigar el hecho. Al parecer, alguien había utilizado otro documento judicial que tenía como protagonista a Rivadeneira para fraguar el oficio.
El fiscal solicitó allanamientos en diferentes oficinas policiales, en el estudio de Diéguez y en diferentes propiedades, en busca de la hermana y de la madre del "Pelao". Pero, hasta ahora, ellas no aparecieron.
Los operativos en la oficina del letrado y la divulgación de su nombre generó diferentes reacciones entre sus colegas. "Habíamos pedido que no se hiciera pública la causa, porque debía resguardarse el nombre de Diéguez, por el principio de inocencia, y además porque recién se encuentra en una etapa investigativa. Dar el nombre implica un grave perjuicio, no sólo para este abogado sino para toda la abogacía", dijo Jorge Contrera, secretario del Colegio de Abogados.
Ayer, la Asociación de Magistrados, presidida por la camarista Ester Valderrábano de Casas, se reunió debido a una nota enviada por Herrera, en la que expresa que considera injuriantes las expresiones de los abogados.
"La Asociación de Magistrados de Tucumán expresa una profunda preocupación ante las manifestaciones vertidas en los medios de prensa por representantes del Colegio de Abogados, que atribuyen a un fiscal de Instrucción graves irregularidades y abuso de autoridad, y solicitan su apartamiento en la causa, toda vez que en dicha causa el titular del Ministerio Público actuó en el marco que le confiere el Código Procesal Penal y la Constitución, y el allanamiento llevado a cabo en un estudio jurídico -realizado como medida necesaria para la investigación de un ilícito penal de honda repercusión pública-, fue llevado a cabo por orden del Juez de Garantías, y con todos los recaudos necesarios que exige el lugar de su realización, en especial la designación como veedor del propio secretario del Colegio Profesional, Jorge Contrera, y en presencia del letrado. Asimismo, cabe recordar que todas las medidas judiciales pueden ser recurridas en el marco normativo vigente", expresa la nota.
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