El Gobierno fustiga a la Corte pero niega presiones políticas

BUENOS AIRES.- El Gobierno renovó ayer sus críticas contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que Santa Cruz reponga en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, mientras que el actual fiscal provincial Claudio Espinosa presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para no ser removido de su puesto.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistió con que el fallo del máximo tribunal "no tiene sentido ni forma de cumplirse" y defendió los dichos del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, sobre el funcionamiento de la Corte. Según Fernández, Zannini destacó la independencia de la Corte cuando dijo que el Gobierno promovió su modificación. "Nosotros pusimos esta Corte para otra cosa", había dicho Zannini al criticar el fallo que ordena restituir a Sosa. "Fue parte de una charla en una agrupación política, un discurso poniendo en claro a compañeros una situación que es gráfica cuando uno defiende a esta Corte por independiente", consideró Fernández.

El jefe de Gabinete explicó que ahora "la única solución es la salida política y la salida política que el gobernador le encontró es presentar un proyecto en la Legislatura de Santa Cruz en el cual le pide la dimisión de ese cargo de agente fiscal". De esa forma, "el actual agente fiscal queda en el cargo en el que está y el entonces procurador (Sosa), que va a ser restituido en el cargo de mayor jerarquía, sea puesto en funciones en el nuevo puesto que se creará", explicó Fernández.

Garantías conculcadas
En medio del conflicto, Espinosa informó hoy que presentó una denuncia contra la Corte Suprema de Justicia y el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar ser desplazado. Señaló que los fallos dictados recientemente por la Corte Suprema para que Sosa ocupe el cargo que actualmente cubre él "conculcan flagrantemente mis garantías y derechos constitucionales inherentes a la inamovilidad y estabilidad en mi desempeño como funcionario judicial".

Espinosa presentó una nota en la Legislatura santacruceña, en la que informó: "he presentado mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Añadió que también denunció al Congreso "a los fines de que dicho cuerpo se abstenga de sancionar cualquier norma que conlleve mi remoción en el cargo que legítimamente ejerzo". La presentación de Espinosa fue dirigida al vicegobernador de Santa Cruz, Hernán Martínez Crespo.

El 14 de septiembre, la Corte denunció penalmente al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al desoír un fallo que lo obliga a reponer como fiscal de Estado a Sosa, destituido hace 15 años. Además, la Corte notificó al Congreso sobre la situación para que adopte una resolución al respecto que podría llegar, incluso, a la intervención de la provincia.

Al respecto, y un día después de que la presidenta, Cristina Fernández, diera su respaldo a Peralta durante un acto en la Casa Rosada, Aníbal Fernández dijo que le "preocupa, y muchísimo, intervenir la provincia, tocar la democracia, violar la voluntad popular por una sentencia que no tiene sentido ni forma de cumplirse". (DyN)