16 Septiembre 2010
La Provincia podrá echar mano a los recursos propios de las municipalidades y de las comunas rurales que efectúen obras de pavimentación mediante el Programa de Infraestructura Vial.
Así lo establece un proyecto de ley que obtuvo dictamen favorable en la nueva integración de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales -en manos de José "Gallito" Gutiérrez- y que será debatido por los legisladores en la sesión convocada para mañana.
El denominado plan de Infraestructura Vial fue creado por ley en abril de 2009, con el objetivo de que la Dirección Provincial de Vialidad proceda a asfaltar calles en municipios y en comunas con maquinaria pesada propia. El objetivo inicial, según lo había afirmado el gobernador, José Alperovich, era pavimentar unas 60 cuadras por mes.
Fondos fiduciarios
La Ley Nº 8.170, promulgada el 7 de abril de 2009, estableció en un principio que los recursos necesarios para atender el plan provendrían de los fondos fiduciarios de obras públicas municipales y comunales.
Además, se facultó al Poder Ejecutivo a ampliar los montos asignados a cada intendente o delegado comunal en caso de que sea necesario para sostener el ritmo de desarrollo del programa. La supervisión integral del plan quedó en manos del ministro del Interior, Osvaldo Jaldo.
Sin embargo, exactamente 12 meses después, en abril de este año, la Legislatura modificó esa norma y especificó la fuente de financiamiento del programa de infraestructura vial. "Los recursos para la ejecución del Programa Provincial de Infraestructura Vial provendrán de los Fondos Fiduciarios Obras de Municipios y Comunas Rurales, de acuerdo a la jurisdicción que corresponda a la obra", se detalló.
El viernes, los legisladores volverán a debatir sobre el tema, porque el oficialismo pretende ahora derogar la última ley (Nº 8.261) y modificar la norma original (de creación del plan) para ampliar la fuente de financiamiento del programa de pavimentación y permitir la utilización de recursos provenientes del "fondo soja" y de las arcas municipales y comunales.
El nuevo texto especifica que los recursos para la ejecución del programa provendrán de los fondos fiduciarios municipales y comunales, de acuerdo a la jurisdicción que corresponda a la obra, pero también de "fondos propios de municipalidades y comunas rurales y de los asignados a cada una ella provenientes del Fondo Federal Solidario".
Esta última partida se compone con un porcentaje de las retenciones a las exportaciones de granos. Cabe recordar que, en agosto, la Cámara facultó mediante dos leyes al Gobierno a disponer de hasta $ 80 millones del denominado "fondo soja" que llega desde la Nación para ejecutar obras públicas en los municipios y en las comunas rurales. Ese plan, según definió el Poder Ejecutivo, debe concluir el 31 de diciembre de este año.
Sin pago de impuestos
Otro proyecto de ley que obtuvo dictamen en la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, integrada sólo por legisladores oficialistas, pretende exceptuar a las municipalidades y a las delegaciones rurales del pago de cualquier impuesto, tasa o contribución para la realización de fiestas patronales, siempre que los eventos sean organizados y auspiciados por el Estado.
Así lo establece un proyecto de ley que obtuvo dictamen favorable en la nueva integración de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales -en manos de José "Gallito" Gutiérrez- y que será debatido por los legisladores en la sesión convocada para mañana.
El denominado plan de Infraestructura Vial fue creado por ley en abril de 2009, con el objetivo de que la Dirección Provincial de Vialidad proceda a asfaltar calles en municipios y en comunas con maquinaria pesada propia. El objetivo inicial, según lo había afirmado el gobernador, José Alperovich, era pavimentar unas 60 cuadras por mes.
Fondos fiduciarios
La Ley Nº 8.170, promulgada el 7 de abril de 2009, estableció en un principio que los recursos necesarios para atender el plan provendrían de los fondos fiduciarios de obras públicas municipales y comunales.
Además, se facultó al Poder Ejecutivo a ampliar los montos asignados a cada intendente o delegado comunal en caso de que sea necesario para sostener el ritmo de desarrollo del programa. La supervisión integral del plan quedó en manos del ministro del Interior, Osvaldo Jaldo.
Sin embargo, exactamente 12 meses después, en abril de este año, la Legislatura modificó esa norma y especificó la fuente de financiamiento del programa de infraestructura vial. "Los recursos para la ejecución del Programa Provincial de Infraestructura Vial provendrán de los Fondos Fiduciarios Obras de Municipios y Comunas Rurales, de acuerdo a la jurisdicción que corresponda a la obra", se detalló.
El viernes, los legisladores volverán a debatir sobre el tema, porque el oficialismo pretende ahora derogar la última ley (Nº 8.261) y modificar la norma original (de creación del plan) para ampliar la fuente de financiamiento del programa de pavimentación y permitir la utilización de recursos provenientes del "fondo soja" y de las arcas municipales y comunales.
El nuevo texto especifica que los recursos para la ejecución del programa provendrán de los fondos fiduciarios municipales y comunales, de acuerdo a la jurisdicción que corresponda a la obra, pero también de "fondos propios de municipalidades y comunas rurales y de los asignados a cada una ella provenientes del Fondo Federal Solidario".
Esta última partida se compone con un porcentaje de las retenciones a las exportaciones de granos. Cabe recordar que, en agosto, la Cámara facultó mediante dos leyes al Gobierno a disponer de hasta $ 80 millones del denominado "fondo soja" que llega desde la Nación para ejecutar obras públicas en los municipios y en las comunas rurales. Ese plan, según definió el Poder Ejecutivo, debe concluir el 31 de diciembre de este año.
Sin pago de impuestos
Otro proyecto de ley que obtuvo dictamen en la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, integrada sólo por legisladores oficialistas, pretende exceptuar a las municipalidades y a las delegaciones rurales del pago de cualquier impuesto, tasa o contribución para la realización de fiestas patronales, siempre que los eventos sean organizados y auspiciados por el Estado.
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