Por Redacción Política
04 Septiembre 2010
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Altamente positivo y esperanzador. Con estas palabras, Eudoro Aráoz, presidente del Colegio de Abogados de la capital, calificó el acuerdo que el jueves sellaron el gobernador, José Alperovich; el titular del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Antonio Gandur, y el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, para introducir modificaciones en la Ley 8.197, que regula el funcionamiento del CAM (ver "El órgano..."), así como en el Reglamento Interno del cuerpo.
El dirigente está convencido de que lo más importantes es que, tras la celebración del concurso que se convocara para cubrir una vacante en el Poder Judicial, el CAM deberá elevar tres propuestas (tres nombres de abogados) al Poder Ejecutivo y no cinco, como se exige actualmente. "Se ha adecuado así la normativa a lo que sucede en casi todo el país. Es bueno que se flexibilicen las reglas vigentes para poder solucionar la grave crisis por la que atraviesa el Poder Judicial", aseveró.
Aráoz insistió en el mismo concepto: "esto nos permitirá tener instituciones sólidas. Además, en un aspecto, lo acordado está en consonancia y llega un día después de lo que el miércoles había solicitado nuestro colegio a los poderes públicos".
Dadas las 47 vacantes que hay en la Justicia, en forma unánime, el consejo directivo de la institución declaró "la emergencia del ejercicio profesional de la abogacía en la provincia". "Por eso, exhortamos a los poderes públicos a que generen un ámbito de diálogo que conduzca a solucionar la crisis judicial. Asimismo, exhortamos a la Corte Suprema a que elabore una política integral que incluya, entre otras medidas, la celebración de concursos públicos para la cobertura de todos los cargos (empleados y funcionarios), de manera de contar con recursos humanos calificados", subrayó.
El profesional aprovechó para pedir que en la Ley 8.197 se establezca que el gobernador dé razones si se apartara del orden de mérito resultante de la terna que le enviara el CAM. "La jurisprudencia es clara en que es nulo el acto administrativo infundado, no motivado. Entonces, para evitar nuevos planteos judiciales, que dilaten eternamente los concursos, el Poder Ejecutivo tiene que justificar el porqué de sus decisiones", alertó.
El dirigente está convencido de que lo más importantes es que, tras la celebración del concurso que se convocara para cubrir una vacante en el Poder Judicial, el CAM deberá elevar tres propuestas (tres nombres de abogados) al Poder Ejecutivo y no cinco, como se exige actualmente. "Se ha adecuado así la normativa a lo que sucede en casi todo el país. Es bueno que se flexibilicen las reglas vigentes para poder solucionar la grave crisis por la que atraviesa el Poder Judicial", aseveró.
Aráoz insistió en el mismo concepto: "esto nos permitirá tener instituciones sólidas. Además, en un aspecto, lo acordado está en consonancia y llega un día después de lo que el miércoles había solicitado nuestro colegio a los poderes públicos".
Dadas las 47 vacantes que hay en la Justicia, en forma unánime, el consejo directivo de la institución declaró "la emergencia del ejercicio profesional de la abogacía en la provincia". "Por eso, exhortamos a los poderes públicos a que generen un ámbito de diálogo que conduzca a solucionar la crisis judicial. Asimismo, exhortamos a la Corte Suprema a que elabore una política integral que incluya, entre otras medidas, la celebración de concursos públicos para la cobertura de todos los cargos (empleados y funcionarios), de manera de contar con recursos humanos calificados", subrayó.
El profesional aprovechó para pedir que en la Ley 8.197 se establezca que el gobernador dé razones si se apartara del orden de mérito resultante de la terna que le enviara el CAM. "La jurisprudencia es clara en que es nulo el acto administrativo infundado, no motivado. Entonces, para evitar nuevos planteos judiciales, que dilaten eternamente los concursos, el Poder Ejecutivo tiene que justificar el porqué de sus decisiones", alertó.
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