La eliminación de las cuasimonedas se convirtió en una obsesión de la administración nacional, que repercute sensiblemente en el bolsillo de los tucumanos. Muchos piensan que el presidente Eduardo Duhalde tratará de usar el Plan de Unificación Monetaria, como una herramienta electoral que le permita captar votos para su delfín, Néstor Kirchner, rumbo al ballottage del domingo 18. Sin embargo, al jefe de Estado le quedan 15 días hábiles para poner en práctica el proceso de canje de bonos por efectivo, antes de dejar el poder, el 25 de este mes.
Los legisladores sintieron el efecto de la presión impuesta por la Nación, a través del Poder Ejecutivo. No quieren quedar como los malos de la película ante la desesperación de los tenedores de Bocade. Por eso, en la sesión de hoy facultarán al Ejecutivo para que negocie la operación de rescate de la cuasimoneda, transfiriendo toda responsabilidad de ese proceso a la administración del gobernador Julio Miranda. En este punto hay que tener en cuenta dos situaciones: el poco tiempo de análisis parlamentario de la iniciativa que giró el PE y los potenciales juicios que los tenedores de Bocade iniciarían contra el Estado frente a un canje a valor de mercado, y pagando un desagio de hasta el 10%.
El Gobierno encuentra cobertura sobre esas eventuales demandas, haciendo una interpretación forzosa de la situación de emergencia financiera y económica del país. La ley de creación de los Bocade sostiene que el cambio debe hacerse a valor nominal por moneda de curso legal. "El bien común no es la suma de bienes individuales", señala un principio jurídico que fundamenta la decisión del soberano cuando este -el Estado- produce daños para determinados sectores económicos; este es uno de los casos, pero que a la larga, la medida repercute en beneficio de la comunidad.
Tomando como base esta interpretación, el Gobierno no descarta la posibilidad de que los tenedores de los bonos accionen judicialmente contra el Estado. Al convocarse a la licitación para el retiro de las cuasimonedas, el tenedor deberá renunciar a iniciar esas acciones.
Después del 23 de este mes, el bono pasaría a la historia. Los que no hayan querido canjearlos dentro de los procedimientos que marcará la Nación, quedarán en libertad de demandar al Gobierno. Será un proceso judicial sin límite de tiempo para el cobro de sus acreencias, sostienen en la Casa de Gobierno.
La fe perdida
Está claro que tanto el Gobierno nacional como el provincial fueron los primeros en perder la fe en la moneda que sobreemitieron. A mediados del año pasado, desde Buenos Aires dejaron de girar fondos de coparticipación, lo que repercutió negativamente en la operatoria FET. Las empresas quedaron acorraladas frente a un incumplimiento del Ejecutivo que se tradujo en una deuda de $ 64 millones, hasta hoy pagada parcialmente y a cuentagotas.
La gestión de Miranda dictó decretos de necesidad y urgencia, convertidos luego en ley, sabiendo que sus efectos eran de imposible cumplimiento. Tal es el caso de la norma que obligaba al sector privado a recibir los bonos, uno a uno, respecto del peso. También demostró flaquezas a la hora de combatir el desagio. No puso mano dura cuando debió hacerlo y hoy inicia una lucha desesperada frente a las "cuevas" y las estaciones de servicio, por mencionar algunos ejemplos.
En definitiva, antes de las elecciones presidenciales, los funcionarios se preocuparon más para que la diferencia entre Carlos Menem y Néstor Kirchner sea inferior a los dos dígitos, que en actuar contra la especulación. En cuestión de porcentajes, también hubiera sido saludable que el desagio del bono no llegara a los dos dígitos (15%), sino que se estancara en el 6%, por ejemplo, por la salud de la economía tucumana.
