Los derrotados por las urnas

Las elecciones presidenciales han cumplido su primera etapa dejando algunas lecciones inéditas desde la restauración democrática de 1983, de tal forma que pueden quedar en nuestra historia como otro hito indicador de un nuevo tiempo para la República. El punto de referencia fundamental ha sido la independencia manifiesta del electorado, que marca la crisis de los liderazgos mágicos y, como consecuencia de ello, la necesidad, por vez primera, de una segunda vuelta precedida de nuevas negociaciones de sus protagonistas para lograr lo que las urnas les negaron en la inicial. El otro aspecto singular del escrutinio ha sido el alto porcentaje de concurrencia a los comicios -superior al 80% en el cómputo provisional-, así como el más bajo índice de votos en blanco desde 1946 -0,89- a la vez que tan sólo fue de 1,62 % el caudal de los anulados, revirtiendo la tendencia de 2001, anticipadora de la gran crisis que habría de irrumpir dos meses después.
Si el viejo modelo de cautividades ha sido uno de los destinatarios de la sanción ciudadana en las urnas, el castigo inmediato más contundente correspondió a los patrocinadores de la violencia, el abuso contestatario y la propuesta abstencionista, merecedores de la más severa derrota. Desde los grupos piqueteros que, con conductas abusivas contribuyeron a restar legitimidad a la protesta social por el ultraje a derechos esenciales, hasta la izquierda marginal con viejas militancias antidemocráticas y una ultraderecha devota del autoritarismo, todos han pagado un alto precio a la civilidad democrática. Ese resultado estaba previsto, a la luz de la tendencia general anticipada por las encuestas de opinión, pero sus fraccionadas dirigencias no lo advirtieron a tiempo, y ahora tratan de explicar su aislamiento acusando a la gran comunidad de votantes de haber sido fiel a la realidad.
La comunidad nacional ha sufrido extremadamente durante las instancias más severas de una crisis caracterizada por la pérdida de derechos tan elementales como el de propiedad, a un trabajo digno y a la seguridad; pero, vulneradas sus garantías, la preocupación esencial fue recuperarlos, tratando en primer término de salvaguardar las instituciones, último recurso del que una sociedad civilizada dispone para reivindicar su dignidad. No advertirlo ha sido el error más grave de esas minorías que contribuyeron a la perduración de los efectos más perversos de la crisis, que impidieron abusivamente, mediante interrupciones del libre tránsito y otras actitudes de violencia, legítimos derechos esenciales. Bajo pomposas siglas pretendidamente reivindicatorias, esos dirigentes, que desacreditaron la protesta legítima abusando de la libertad que niegan a los demás, acabaron en una reducida expresión, a la vez que quienes los secundaron partidariamente apenas representaron al 4,5 % del sufragio popular.
Tales testimonios deberían servir de experiencia en los reductos marginales de la convivencia política, para no repetir comportamientos tan contundentemente rechazados por la sociedad argentina. Pero tampoco deberían dejar de meditar sobre ese otro aspecto del resultado electoral, ciertas dirigencias sedicentemente democráticas que optaron por eludir tan abusivos comportamientos, con el evidente propósito de beneficiarse en las urnas. Es muy difícil -por no decir fantasioso- tratar de seducir a las mayorías decisivas de la comunidad nacional ofreciéndoles promesas sin fundamentos, o ignorando realidades como las violaciones sistemáticas de los derechos esenciales por los grupos marginales.
La gran ciudadanía, ampliamente informada por la propia experiencia que legó el pasado, es ahora el juez decisivo que castiga o premia a quienes aspiran representarla, como también con el aislamiento a los patrocinadores del caos y la violencia.