El seguro de gobernabilidad

Las señales de recomposición política evidenciadas en la primera fase del proceso electoral son elocuente testimonio de que la profunda crisis que afectó a nuestro país ha gravitado sobre la sociedad con significación histórica. La referencia inmediata es el resultado objetivo de las urnas, donde se advierte un concluyente ocaso de los liderazgos caudillescos, a la vez que la aparición de un decisivo electorado independiente, en desmedro del viejo sistema de cautividades. Esa tendencia era previsible desde el momento en que los partidos políticos usufructuarios de los cotos cerrados de representación enfrentaron sus propias crisis, si bien los efectos de la nueva realidad requerirán gradualismo, en la medida que la sociedad ha optado por una renovación con marco institucional y democrático. Consecuentemente, los pasos políticos que deberán seguir al primer turno electoral, -donde ninguno de los candidatos más votados alcanzó a la cuarta parte del electorado y tampoco dispondrá tras la asunción del Gobierno de un seguro apoyo parlamentario- habrán de orientarse a la consecución de un acuerdo o compromiso básico en el Congreso, que permita asegurar el inmediato desenvolvimiento de las nuevas autoridades.
Ese problema tiene origen en el erróneo calendario electoral que impidió la renovación simultánea del Poder Ejecutivo y en ambas cámaras legislativas -la mitad de los Diputados y un tercio del Senado- y dará lugar a que el futuro presidente deba desempeñarse hasta el 10 de diciembre con la actual composición parlamentaria. Poco tienen que ver las negociaciones de los candidatos del ballottage para tratar de reforzar su presencia en las futuras urnas, y las que el presidente Eduardo Duhalde ha iniciado con parte de la bancada justicialista en el Congreso; y que, seguramente, habrá de ampliar a otros sectores del fraccionado justicialismo. La desconfianza que la crisis interna del partido oficialista y la dispersión en la UCR han provocado entre la ciudadanía tiene buena parte de causa en los comportamientos de sus legisladores, de los que deben exigirse conductas consecuentes con la realidad señalada.
Al calendario electoral que trasladó la crisis del Partido Justicialista a la elección presidencial no debería seguir la misma situación en el Congreso, haciendo pagar al gobierno que accederá el 25 de mayo el elevado costo de ese error. Nada más grave en el mediano plazo, hasta la recomposición legislativa, como trabar algunas decisiones fundamentales que la ciudadanía aguarda en el término más breve posible, pues ello colocaría al flamante presidente en previsibles dificultades. No debe dejar de advertirse en ese sentido el alto grado de exigencia con que la comunidad nacional se expresa desde que la crisis comenzó a manifestar el fracaso de sus representantes. Sería muy ilusorio en ese orden suponer que no volverá a hacerlo, a poco que el sistema institucional deje de funcionar eficazmente y de acuerdo con la decisión popular. El compromiso de la mayoría parlamentaria adquiere una significación extraordinaria, frente a las decisiones requeridas por el Poder Ejecutivo, sin que ello implique, ciertamente, una sumisión impropia del sistema democrático, por el que ha optado contundentemente la ciudadanía. Es de esperar que durante el tiempo que resta hasta la segunda fase electoral, los dos candidatos del mismo partido, que aparecen duramente enfrentados, abandonen el discurso agresivo y atiendan con mayor racionalidad sus respuestas a las demandas más urgentes de la sociedad, pues con los votos que habrán de apoyar al elegido irá también el respaldo requerido por la gobernabilidad. En este punto aparece otra de las condiciones básicas para el gobierno democrático eficiente, como es la sostenida presencia ciudadana más allá del acto comicial.