Escándalo en Las Talitas

Hemos informado en detalle sobre los problemas que actualmente sobresaltan a la cúpula municipal en Las Talitas. Como se sabe, el intendente de esa jurisdicción ha denunciado que los concejales le habrían solicitado coimas a cambio de sancionar una modificación presupuestaria que permitiera al municipio recibir una suma del Programa de Desarrollo Regional costeado por la Nación.
Los ediles contraatacaron anunciando que requerirán a la Legislatura la intervención, a la vez que formularon una serie de acusaciones contra el jefe municipal, sobre supuestas actitudes intimidatorias de este hacia el Concejo, así como presiones sobre los empleados. Ello, además de afirmar que en el fondo del enfrentamiento se mueve una cuestión electoralista, dado que son distintos el candidato presidencial que apoya el intendente y el que sostienen los concejales para las elecciones de mañana.
Una acusación como la que ha pronunciado públicamente el intendente de Las Talitas es algo de extrema gravedad. De confirmarse, indicaría un alarmante estado de corrupción entre quienes tienen responsabilidades de gobierno en ese municipio, y marcaría la premiosa necesidad de separar de sus cargos a los implicados y encausarlos criminalmente. De allí que no pueda sino esperarse que la cuestión se esclarezca con urgencia y a fondo.
No solamente porque está intrínsecamente vinculada con la situación institucional del municipio, sino porque una acusación como la que el intendente ha lanzado no puede quedar en el papel, ni terminar diluída como mero producto del apasionamiento electoral. Aquí se está hablando de cohecho, que constituye uno de los delitos claramente tipificados en el Código Penal. Es decir que la supuesta existencia del mismo debe ser denunciada a la Justicia, para que esta inicie las actuaciones dirigidas a establecer la existencia de lo afirmado y, en caso de comprobarla, a procesar a sus responsables.
Este es, como resulta obvio, el paso que corresponde dar, y quien hace tales imputaciones debe seguirlo sin titubeos de ninguna especie. A nadie puede escapar la necesidad de que un magistrado judicial investigue el caso y lo esclarezca en su integridad, definiendo perfectamente qué es lo que ha ocurrido y quiénes deben cargar con las responsabilidades.
Ello representaría, además, dar a la ciudadanía la satisfacción a la que tiene derecho. Desde múltiples ángulos, en estos últimos tiempos se cuestionan los hábitos políticos vigentes en todas las partes del país, y bien sabemos que las acusaciones de corrupción de funcionarios se han convertido en cosa de todos los días. Entonces, cuando se hacen declaraciones públicas sobre un supuesto hecho corrupto, la población espera que la Justicia establezca la veracidad o no de las imputaciones. De manera que encarrilar las cosas en ese sentido constituye un aporte al fortalecimiento del sistema democrático.
Por cierto que tampoco hacen ningún favor al mismo, las acusaciones relativas a una politización completa de la administración municipal con motivo de los comicios. Parecería innecesario decir que no es función de los intendentes ni de los concejales dedicarse a campañas electorales, sino que deben concentrarse en administrar los intereses materiales y morales confiados a su custodia.
Cualquiera fuese finalmente su desenlace (y sin duda que debe tener uno, a la brevedad y enmarcado por la ley), la cuestión planteada en la Municipalidad de Las Talitas deja una triste impresión en quienes son destinatarios de la tarea de gobierno en esa jurisdicción. La buena marcha de ella se ve, sin duda, fuertemente afectada por todo lo que ocurre, justo en momentos en que estamos a punto de elegir a las primeras autoridades de la Nación.