La derrota del orden público

La ciudadanía deberá concurrir a las urnas en un estado de violencia e inseguridad física que durante los recientes días alcanzó extremos inusitados. Tras esa situación de inquietud generalizada -donde el terror está cobrando sus víctimas- aparece el fracaso de un poder público con autoridad en crisis y, lo que es más grave, temeroso de ejercerla en el marco de la Constitución y las leyes. Evidencia de ello es el lastimoso espectáculo que ofrecen la capital de la República y sus adyacencias, donde en menos de una semana se han producido episodios como el de la fábrica Brukman, que aún perdura, en resistencia a una decisión judicial; la interrupción en plenas operaciones de la pista central del aeroparque Metropolitano y cuando se aprestaba a aterrizar un avión con pasaje, por personal en huelga de una aerolínea, y el choque masivo y sangriento, preparado durante horas, de barras futbolísticas. Los tres hechos sucesivos revelan, como tantos otros con menor espectacularidad, una pérdida manifiesta del orden público, donde naufraga la seguridad, y se afirma el sentimiento de impunidad frente a las normas de convivencia. En ese punto, la frágil frontera entre el desorden y el delito desaparece y la comunidad comienza a ser víctima del ultraje a sus derechos esenciales, inclusive el de la propia vida.
Aquellas situaciones límite han sido una consecuencia de la crónica violación de derechos de terceros -no sólo en el escenario metropolitano, sino en múltiples lugares del país- que, mediante repetidos cortes de la circulación pública y otros actos de parecida naturaleza, han llegado a constituir una suerte de costumbre intolerable. Si legítimos pueden ser muchas veces los intereses que se invocan -y que atemorizan a la autoridad incapaz de satisfacerlos-, carecen de legitimidad cuando agreden derechos de la gran mayoría de la comunidad. El país vive así por ello un estado de emergencia, donde los derechos se invocan pero no se aceptan los deberes y, en consecuencia, se califica como manifestación de autoritarismo, el término represión, que las leyes penales recogen frecuentemente cuando sancionan las conductas antisociales. Ese estilo agraviante de la convivencia y la incapacidad para corregirlo sin marginar el orden jurídico, ha hecho muy fértil el campo del delito, donde la violencia física personal, con todo su contexto criminal, se ejerce estimulada por la impunidad que se advierte ante la quiebra del orden mínimo requerido por la sociedad.
Si la autoridad pública, esencialmente el poder central, es en muy buena parte responsable de ese estado de anomia que afecta los derechos individuales y colectivos, no es menos preocupante la forma disuasiva y hasta demagógica con que algunos candidatos a gobernar la República se ocupan de la cuestión. En primer término, condicionando la vigencia del orden legal al mediano o largo plazo que requiere satisfacer previamente las demandas invocadas mediante acciones manifiestamente irregulares. Más aún, acusando de autoritarismo a quienes proponen recuperar el orden, como si este no fuera un requerimiento ineludible para restaurar la confianza perdida y restablecer el imperio de la legalidad democrática definida por la Constitución. Los momentos más duros de la crisis alentaron y activaron esa clase de proselitismo temerario, pero la madurez de la sociedad argentina está evidenciando, por numerosos cauces de expresión, que no comparte los métodos violentos que terminan prestando marco al crimen.
Y que los graves y hasta dolorosos problemas que ha debido soportar, no pueden ser resueltos marginando el orden institucional, sino retornando al mismo en el menor plazo posible y sin olvidar que toda satisfacción de un derecho exige el cumplimiento de un deber.