La gobernabilidad puesta a prueba

A escasos días de las urnas, la campaña electoral de la gran mayoría de los candidatos sigue poniendo mayor énfasis en la descalificación de los rivales, antes que en las cosas concretas. Es decir, cómo harán para alcanzar la gobernabilidad y rescatar la credibilidad pública de la desconfianza. La gobernabilidad tiene por condición la calidad de las relaciones políticas, y estas constituyen el punto de partida de las políticas de Estado, es decir, aquellas sin las cuales es muy difícil asegurar la continuidad institucional. Ese es el punto del que todo análisis de la crisis debe partir, a poco que se observen las causas que provocaron la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, que han perdurado hasta el presente y se advierten en la mayoría de los mensajes descalificadores, y hasta agraviantes que, salvo muy raras excepciones, preceden a las urnas del domingo. Ese amenazador espíritu rupturista no es nuevo entre nosotros, pues a lo largo de muchos años afloró cada vez que la Nación requirió alguna decisión fundamental, donde el consenso era imprescindible para asegurar su exitosa continuidad más allá de los relevos en el poder político.
Esa constante negativa es la que distingue fundamentalmente el subdesarrollo político de algunos países latinoamericanos, de aquellos otros que, a pesar de sus formidables crisis históricas, constituyen modelos de progreso y convivencia, con realidades como la Comunidad Europea. No es raro, pues, que la pauta primaria que se advierte al especular sobre el futuro gobierno, sea la necesidad de alcanzar la gobernabilidad.
Pero a la luz de ese discurso descalificador y pasatista que se endilgan candidatos de un mismo partido o testimonia la dispersión de su gran rival histórico, tan ineludible inquietud no parece hallar cauces propicios. Es por ello que en la retórica proselitista no figuran como propuestas las políticas de Estado, ni los espacios de consenso que las harían posibles, como tampoco el debate directo entre los candidatos, al cual se negó la casi totalidad de los mismos.
Así como la seguridad jurídica contribuye a la confianza en el respeto de los derechos adquiridos, las políticas de Estado aseguran la continuidad del sistema institucional; dos aspectos críticos en los que nuestro país dispone de una experiencia negativa extraordinaria, pero a los que la mayoría de los mensajes electorales están dando un valor secundario al ignorar la crisis de las relaciones políticas en sus recurrentes imputaciones al pasado. La reciente experiencia de la Mesa del Diálogo Argentino, con la convocatoria a un debate esclarecedor, ha evidenciado con su reducida concurrencia esa renuente voluntad para debatir y abrir espacios de consenso, propios del sistema democrático.
El diálogo en torno de ideas y propuestas -que es común en los países más progresistas y también recientemente pudo observarse en Brasil entre los candidatos más diferenciados- es una prueba de confianza que la mayoría de nuestros aspirantes a gobernar parece temer tanto como el juicio ciudadano que puedan deparar las urnas.
En consecuencia, la certeza de gobernabilidad para el futuro gobierno, sobre la base de acuerdos políticos que señalen el rumbo de la transición pendiente, ofrece un horizonte incierto. A escasos días de las urnas, la alternativa electoral asume por ello una trascendencia excepcional, pues será el sufragio el último recurso para cambiar ese signo negativo que ha envilecido durante años las relaciones políticas como instrumento al servicio de intereses superiores.
La decisión inteligente y libre expresada con el voto, así como la firme convicción puesta en ello, debe ser el gran poder operativo que asegure la imprescindible gobernabilidad hacia el futuro.