Por Redacción Política
09 Mayo 2010
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La polémica desatada en el Consejo Asesor de la Magistratura, a partir del cuestionado concurso con el que debutó ese órgano para elegir a su secretario permanente, desanimó al abogado Miguel Antonio Vega. Hasta tal punto que decidió retirarse de los concursos que se celebrarán mañana y el martes para cubrir cuatro cargos vacantes de vocal en la Cámara Civil del centro judicial de la capital, y dos en el de Concepción.
El profesional que reside en la mencionada ciudad del sur formalizó el desestimiento de sus respectivas inscripciones mediante una nota remitida al presidente del CAM y vocal de la Corte Suprema de la provincia, Antonio Gandur.
Vega manifestó que su decisión obedece a tres motivos. El primero de ellos refiere, puntualmente, "a los desafortunados hechos recientes que son de público conocimiento, los cuales, lamentablemente, erosionaron los cimientos de transparencia y de ecuanimidad que debieron consolidar el funcionamiento del CAM".
Las circunstancias a las que alude el profesional refieren al hecho de que el concursante Pablo Martín Mercado haya omitido en su currículo los antecedentes de cargos públicos que lo vincularon políticamente a la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, consejera que intervino en la evaluación de los antecedentes y la prueba escrita de oposición. Por ello, el 30 de abril, el concursante Arturo Miguel Luis Ponsati planteó la primera impugnación: un recurso de revisión y, en subsidio, una denuncia de ilegitimidad del procedimiento. Para el impugnante, lo acontecido "arroja un manto de sospecha acerca de la imparcialidad al momento de calificarse las pruebas", dado que el anonimato no fue garantizado puesto que -enfatizó- fue manuscrito.
Antecedentes y carencias
Vega, en segundo término, consignó que, con frustración, advirtió que aún no se calificó a los postulantes a camaristas en función de sus antecedentes. "Por obvias razones de claridad en el procedimiento, eso hubiera permitido plantear con antelación las pertinentes impugnaciones, para el supuesto de discrepar con el puntaje y los criterios evaluatorios", aseveró. También sostuvo que, de haberse adjudicado ya el puntaje de los antecedentes de cada postulante, "eso habría determinado que los inscriptos que no alcanzaren el puntaje mínimo encuentren un impedimento insalvable que obste para presentarse al escrito".
Finalmente, Vega planteó su desacuerdo con el hecho de que el tribunal examinador para los concursos de camaristas carezca de un representante del Colegio de Abogados del Sur.
El profesional que reside en la mencionada ciudad del sur formalizó el desestimiento de sus respectivas inscripciones mediante una nota remitida al presidente del CAM y vocal de la Corte Suprema de la provincia, Antonio Gandur.
Vega manifestó que su decisión obedece a tres motivos. El primero de ellos refiere, puntualmente, "a los desafortunados hechos recientes que son de público conocimiento, los cuales, lamentablemente, erosionaron los cimientos de transparencia y de ecuanimidad que debieron consolidar el funcionamiento del CAM".
Las circunstancias a las que alude el profesional refieren al hecho de que el concursante Pablo Martín Mercado haya omitido en su currículo los antecedentes de cargos públicos que lo vincularon políticamente a la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, consejera que intervino en la evaluación de los antecedentes y la prueba escrita de oposición. Por ello, el 30 de abril, el concursante Arturo Miguel Luis Ponsati planteó la primera impugnación: un recurso de revisión y, en subsidio, una denuncia de ilegitimidad del procedimiento. Para el impugnante, lo acontecido "arroja un manto de sospecha acerca de la imparcialidad al momento de calificarse las pruebas", dado que el anonimato no fue garantizado puesto que -enfatizó- fue manuscrito.
Antecedentes y carencias
Vega, en segundo término, consignó que, con frustración, advirtió que aún no se calificó a los postulantes a camaristas en función de sus antecedentes. "Por obvias razones de claridad en el procedimiento, eso hubiera permitido plantear con antelación las pertinentes impugnaciones, para el supuesto de discrepar con el puntaje y los criterios evaluatorios", aseveró. También sostuvo que, de haberse adjudicado ya el puntaje de los antecedentes de cada postulante, "eso habría determinado que los inscriptos que no alcanzaren el puntaje mínimo encuentren un impedimento insalvable que obste para presentarse al escrito".
Finalmente, Vega planteó su desacuerdo con el hecho de que el tribunal examinador para los concursos de camaristas carezca de un representante del Colegio de Abogados del Sur.
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