Impotencia e incapacidad

La falta de capacidad para hacer, recibir o aprender una cosa. La carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos o para obtener determinados oficios públicos. Estas son dos acepciones de la palabra incapacidad, mientras que impotencia es la falta de poder para hacer una cosa.
Pese a que hay una gran variedad de leyes provinciales y ordenanzas municipales, estos dos sustantivos se han instalado en el corazón de la sociedad tucumana y han empujado a sus ciudadanos y a sus representantes a una extraña inercia, a una imposibilidad de encontrar soluciones para sus problemas o de ponerlas en práctica. La incapacidad y la impotencia han promovido la enfermedad de la queja, pero de una queja individual y cotidiana que se contradice sólo aparentemente con la de aquellos sectores sociales que han acampado hace muchas semanas en la plaza Independencia. Sin embargo, sus reclamos no son oídos ni por sus conciudadanos ni por los gobernantes. Es decir que es una queja de sordos porque el diálogo es casi inexistente.
El caótico servicio de transporte público de pasajeros es uno de los tantos ejemplos de la debacle tucumana. Hace pocos días, el subsecretario de Servicios Públicos admitió la impotencia de la Municipalidad para combatir la ilegalidad. También habló de una red de corrupción que no pudo desmontarse; y, ante la imposibilidad de combatir la mafia -"ni siquiera con un ejército", dijo- lanzó como contrapropuesta desregular la actividad de taxis y remises, lo que tiende a beneficiar a los transgresores y no a quienes acatan las normativas, como sucede en cualquier comunidad civilizada.
Tanto las palabras como las ideas de este funcionario fueron refrendadas tardíamente por el intendente.
Este plan del Ejecutivo municipal desnuda no sólo la impotencia, sino la incapacidad para aplicar la ley. En lugar de poner un orden que es lo legal, se busca el camino opuesto y se contribuye así a profundizar el deterioro moral y ético que asuela a nuestra sociedad debido a la ausencia de educación y de cultura. En lugar de defender a quienes pagan impuestos y respetan la ley, nuestros gobernantes les devuelven su esfuerzo a esos ciudadanos brindándoles pésimos servicios públicos (en el transporte y con la basura; las calles están rotas o no pavimentadas; falta el alumbrado, etc.), de la salud, de educación y de seguridad.
Se supone que si un representante de la comunidad se siente incapaz o impotente para aplicar la ley y dar respuestas concretas a los problemas, debería dejar su lugar a alguien que sea capaz y potente. Pero eso tampoco sucede en nuestra provincia. Existen personas que ya han pasado por la función pública -varios ocupan diversos cargos actualmente- que han dado sobradas muestras de inoperancia y que, por carecer tal vez de autocrítica y de vergüenza, siguen aspirando a nuevos cargos en los próximos comicios provinciales. El que es o fue legislador ahora quiere ser intendente o viceversa; el que es concejal, legislador; el que ocupa un ministerio, una secretaría o una dirección de una repartición se candidatea para cargos legislativos o municipales, y así sucesivamente. Mientras tanto, pese a ver que la provincia se está cayendo a pedazos a causa de esta ineptitud que amenaza con convertirse en crónica, la sociedad tucumana pensante permanece inmutable, paralizada. Se queja con el vecino, pero deja hacer a sus representantes y permite que le falten el respeto diariamente.
Nuestros representantes son el reflejo de la sociedad que somos, incluyendo a aquellos que por callar, otorgan. Sólo con mayor educación y cultura, con participación cívica y sin miedos, se podrá contrarrestar la anarquía, la corrupción, la incapacidad y la impotencia de la clase dirigente.