Los presos adictos pueden ser tratados en la cárcel, según los médicos del Gobierno

Los autoridades del área de Salud aceptaron el difícil desafío que planteó el camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas y, cada vez que sea necesario, asistirán a reos adictos dentro del penal de Villa Urquiza. "Tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad, y estamos llevando a cabo varios programas de distintas características. En ese marco, podrían instrumentarse las medidas dispuestas por el juez", expresó el ministro de Salud, Pablo Yedlin, en diálogo con LA GACETA.

Además, el funcionario consideró acertada la decisión de atacar el tráfico y el consumo de estupefacientes en la cárcel desde varias áreas del Estado. "Darles respuestas a las personas que están en los penales es una responsabilidad de todas las áreas. Con trabajo vamos a sacar esta situación adelante", añadió Yedlin ante la requisitoria.

El lunes, Ruiz Vargas (vocal de la sala VI de la Cámara Penal junto a las juezas Marta Cavallotti y Alicia Freidenberg) envió 10 oficios, todos relacionados con el problema de las drogas en la penitenciaría más importante de la provincia. Entre los destinatarios estaba el Fiscal General de la Cámara Federal, Antonio Gómez, a quien se notificó para que los investigadores a su cargo determinen si se cometen delitos de su competencia en la cárcel. "Aún no tuve oportunidad de tomar contacto con el texto. Pero nosotros siempre estamos pendientes del tema del penal. Nos tiene muy preocupados. Es una situación muy difícil, porque la cárcel depende de organismos provinciales y se supone que son ellos quienes ejercen los controles. Ahora, si hay indicios de tráfico, se actúa de inmediato", explicó el fiscal federal Emilio Ferrer a LA GACETA.

El disparador

Ruiz Vargas intervino en el conflicto de la droga en la cárcel en noviembre, cuando uno de 78 internos a cargo del tribunal fue sorprendido con sustancias ilegales en su poder dentro de su calabozo. Por ello, solicitó que todos los reos a su disposición fueran sometidos a análisis de orina por especialistas del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Los resultados parciales del informe indican que 13 de 24 presos examinados habían consumido cocaína, marihuana o psicofármacos. Un grupo de ellos fue llevado al Obarrio por orden del juez; sólo uno quedó internado. Los demás, por recomendación de los psiquiatras del centro asistencial, recibirán un tratamiento ambulatorio. Hasta ahora, Ruiz Vargas no recibió ninguna respuesta oficial. "Es entendible, porque no hubo tiempo aún. Sin embargo, lo ideal sería que todos comprendan la gravedad de la situación y que se necesita de una respuesta urgente", dijo el juez.

Silencio

Uno de los oficios que envió fue dirigido al Ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera. En el escrito, se le ordena que prevea y facilite salas -aisladas de los pabellones comunes- para que, de forma inmediata, se les dé tratamiento a los internos adictos. Un texto similar recibió el director de Institutos Penales, Roberto Guyot, a quien además le notificó que se debe efectuar una evaluación psicofísica a todo el personal del servicio penitenciario. LA GACETA intentó hablar durante todo el día con ambos funcionarios e incluso con el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella, pero no obtuvo respuestas. "No puedo realizar declaraciones al respecto. Deben comunicarse directamente con el Ministerio", contestó el subdirector de Institutos Penales, Guillermo Snaider, al ser consultado por este diario.

Las autoridades del área de Salud, por su parte, explicaron que no tienen problemas en trabajar dentro de la cárcel. "El penal tiene un plantel de especialistas, pero vamos a darles todo nuestro asesoramiento", remarcó el viceministro de esa cartera, Alberto Sabaj. Yedlin añadió que, en primera instancia, Villa Urquiza tiene espacios adecuados para que sean tratados los reos adictos. "Lógicamente, la modalidad de atención debe ser analizada por los psiquiatras que intervengan. Hay consultorios y también una enfermería, pero aún no se sabe qué tipo de tratamiento llevarán a cabo", agregó.

El secretario de Prevención y Adicciones, Alfredo Miroli, dijo que el trabajo mancomunado de los tres poderes en beneficio de los internos con problemas de salud puede dar muy buenos resultados. "Se trata de personas que están privadas de la libertad, pero no tienen por qué estar privadas de atención médica", opinó. El especialista añadió: "por varias razones, no es bueno que estos pacientes sean trasladados diariamente a otros sitios. Hay casos en los que puede ser necesaria la internación, pero una vez estabilizado, debe regresar a su lugar de origen. Por eso, considero muy atinado que el personal del Siprosa acuda al penal. Se trata de pacientes comunes".

El subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Hevia, confirmó que el titular del área, Daniel Posse, recibió el informe de Ruiz Vargas, en el que se le consigna que evalúe la situación en el penal y determine si se violan legislaciones de su competencia. "Desde hace unos tres años, la secretaría realiza informes periódicos no sólo en Villa Urquiza, sino también en otros centros de detención. Se tratan varios temas y, entre ellos, lo referido a la salud. Luego, se les entregan informes a autoridades del propio Servicio Penitenciario, del Ministerio de Seguridad y, de ser necesario, al Ministerio Fiscal", explicó Hevia.