Elevan la requisitoria fiscal al juez Pisa

Una vez que reciba la requisitoria de la fiscala penal María de las Mercedes Carrizo, el juez de la III Nominación, Francisco Pisa, deberá resolver el inicio de la investigación jurisdiccional en el Siprosa por la autorización de un pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal), en concepto del dictado de cursos de capacitación en endodoncia.
La funcionaria terminará hoy el escrito, mediante el que solicitará una serie de medidas tendientes a iniciar la investigación penal. Puntualmente, Carrizo buscará hacerse del expediente oficial y del convenio firmado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin. Esto, a partir de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y advertidas por LA GACETA. Por ejemplo, que los ciclos se iniciaron en mayo de 2009 y que la fundación obtuvo el reconocimiento de Personas Jurídicas en julio (dos meses después). Incluso, que el convenio se firmó a mediados de agosto del mismo año.
Otro elemento sobre el que pretende indagar la fiscala es la relación entre el presidente de Funsal, el chileno Héctor Silva Olivares, y el ministro Yedlin. Ocurre que, tal como lo dio a conocer este diario, la sede social inscripta por la fundación es un departamento céntrico, cuyo teléfono figura a nombre de Raúl Penna. Se trata de un ex funcionario de Yedlin y del actual jefe de Gabinete del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia), Juan Luis Manzur. Ante LA GACETA, Penna y Silva Olivares reconocieron que mantienen una amistad desde hace varios años. Por eso, el funcionario nacional dijo que solo prestó su DNI para que Silva Olivares pudiera contar con teléfono fijo en Tucumán.
La composición del directorio de Funsal es otro de los asuntos que interesan a la fiscala. LA GACETA también dio cuenta de que el subdirector técnico del Hospital de Niños, Luis Chincarini, integra la entidad.