Yedlin no pidió control previo del convenio con la Funsal

Pese a que se trata de una práctica administrativa habitual, el Ministerio de Salud no solicitó asesoramiento previo al Tribunal de Cuentas (TC) al confeccionar el convenio por $ 800.000 con la Fundación Salud (Funsal). Así lo reconoció ayer a LA GACETA el presidente del órgano de control, Miguel Chaibén Terraf.
El titular del TC, además, precisó que la Justicia aún no requirió ningún informe sobre el polémico expediente, cuyo pago fue frenado por el órgano de control tras detectar numerosas irregularidades en la contratación de cursos sobre endodoncia para odontólogos y empleados del Siprosa.
Terraf señaló que es normal que se envíe información a los tribunales, pero a partir de que concluye la etapa de comprobación sumaria, actualmente en trámite. "Habitualmente, la Justicia hace suyas nuestras averiguaciones, pero aún no nos pidió nada. Nuestra obligación legal es informar a los jueces toda irregularidad que pudiera provocar un daño al patrimonio estatal. En muchos casos actuamos en forma paralela; para nada es extraño que la Justicia intervenga por su lado y el TC por otro, ni entorpece lo que se está haciendo porque nosotros vemos lo administrativo y ellos, lo judicial", sostuvo.

- ¿Falló algún punto de control?
- No todos los expedientes están sometidos al control previo del TC, pero obligatoriamente todos deben pasar por el control preventivo. La diferencia radica en que el previo es opcional y el otro está exigido en la legislación. En este caso, no se remitió el convenio en la primera etapa, sino que se le hizo directamente el preventivo, que fue cuando se detectaron algunas situaciones irregulares que impidieron que se formalizara el pago.

- ¿El Siprosa o el Ministerio de Salud realizan habitualmente el control previo voluntario en otros expedientes?
- Sí, normalmente toda la administración pública lo hace, pero es mayoritariamente en la contratación de obra pública en donde revisamos los pliegos y los convenios para determinar si están ajustados a derecho. No podemos pasar de sugerir cambios en un caso anormal.

- ¿Qué instancia se está desarrollando?
- Nosotros interpusimos una formal oposición e inmediatamente abrimos una comprobación sumaria para determinar el nivel de anomalías. Estamos en el primer tramo, dentro de los plazos procesales reglamentarios, porque vamos 20 días de comprobación sumaria y tenemos un máximo de 60 días. Es un tiempo estimativo, no terminante, y puede ser un poco más o un poco menos, según las necesidades.

- En este caso, ¿será más o menos el tiempo de trabajo?
- Creo que vamos a terminar en el plazo adecuado, porque todo se está llevando como corresponde. Queremos investigar absolutamente todo lo que sucedió con este expediente. Pero la conducción del TC está apartada totalmente de la pesquisa, que es impulsada por el instructor Pablo Caínzo, para mantener independencia y objetividad a la hora del análisis definitivo.

- ¿A quiénes se citará a declarar?
- Todo lo que es natural en cada investigación. No se convocará solamente a quienes figuran como asistentes al curso, uno por uno, sino también a los funcionarios intervinientes en el trámite administrativo; a todos los miembros de la fundación y a todos los que hayan participado para poder determinar fehacientemente cuál es el nivel de participación y compromiso de cada uno en el expediente.

- Que no haya habido perjuicio económico al Estado, ¿implica que el tema sea menos grave?
- Desde el punto de vista de que no se consumó el pago (a la Fundación Salud) y que no hubo daño patrimonial al Estado, sí es menos grave; pero desde la visión de las irregularidades administrativas que se han cometido y si el curso fue o no dictado, se lo comprobará.

- ¿Fue un expediente anormal respecto de otros?
- Sí, no es común ver este tipo de expedientes en el trámite habitual del tribunal. Pero hasta tanto no concluya la investigación sumaria, no puede pasar más allá de una sorpresa. Las irregularidades que vimos deben ser comprobadas.