Ruiz Vargas busca combatir las drogas en la cárcel con más controles

Una ley votada, pero que aún no fue promulgada ni publicada, puede darle pie a un camarista para realizar una medida inédita en el penal de Villa Urquiza. El juez Carlos Francisco Ruiz Vargas le adelantó a LA GACETA que no bien esté vigente la norma, que apunta a luchar contra las adicciones, solicitará que los guardiacárceles que trabajan en la penitenciaría más importante de la provincia sean sometidos a análisis para determinar si ingieren estupefacientes o no. "El fin de esta medida será estrictamente preventivo. Es fundamental que quienes custodian a los internos estén en óptimas condiciones para evitar el consumo de drogas", explicó el magistrado.
En noviembre, un reo a cargo de la sala VI de la Cámara Penal (compuesta por los vocales Marta Cavallotti, Alicia Freidenberg y Ruiz Vargas) fue sorprendido por guardias con sustancias ilegales en su calabozo. Haciendo uso de su potestad como juez de ejecución de sentencia, Ruiz Vargas ordenó que los 78 reclusos a disposición del tribunal fueran sometido a análisis. Los resultados finales de los exámenes aún no fueron remitidos por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Pero entre diciembre y febrero el magistrado recibió dos informes en los que se da a conocer que 13 de 24 presos habían consumido marihuana, cocaína o psicofármacos.
Tras esto, Ruiz Vargas decidió que seis de ellos fueran internados en el Hospital Psiquiátrico Obarrio para que fueran desintoxicados. Por ello, envió tres oficios. El primero fue dirigido al director de Institutos Penales, Roberto Guyot, que debía encargarse del traslado de los reclusos. El segundo, al jefe de Policía, Hugo Sánchez, para que les asigne custodios a los internos. El tercero fue remitido a la directora del hospital, Nélida Romano, quien debía coordinar las tareas de rehabilitación.
El viernes, luego de varias negociaciones entre el juez y el Siprosa, el primer grupo de presos fue llevado al Obarrio. Los especialistas consideraron que sólo uno de ellos debía ser internado. Ruiz Vargas recibió la notificación de parte de los médicos ayer. "Aconsejan que los internos que fueron devueltos al penal realicen un tratamiento ambulatorio en el Hospital Avellaneda. Pero eso es algo que debe analizarse, pues a primera vista no parece que los estudios hayan sido demasiado profundos y los informes del Cuerpo Médico Forense indican que estas personas sí consumieron estupefacientes. Para dejar claro el panorama, se dispondrá que especialistas del Poder Judicial chequeen la situación de los internos y, sobre esa base, se decidirán los pasos a seguir", dijo el vocal.
Además, adelantó que estudiará la ley general para prevenir las adicciones, que fue aprobada por unanimidad el jueves en la Legislatura. Cuando la norma entre en vigencia, Ruiz Vargas la utilizará para solicitar que los guardiacárceles que trabajan en el penal sean sometidos a los mismos estudios que les realizaron los presos. "Veré qué derecho les confiere esa ley a los jueces para realizar estos controles", afirmó.

Artículos a favor
Carlos Canevaro, presidente de la comisión que trabajó la norma, expresó que algunos artículos de la legislación le permitirían al camarista llevar a cabo esa medida. "Entre otros aspectos, se trató la cuestión de las penitenciarías y de los centros para menores en conflicto con la ley. En estos casos, se dispone que se deben arbitrar los medios para reducir y eliminar las situaciones de favorecimiento del consumo de estupefacientes. Además, se deben implementar sistemas de detección temprana de circulación de drogas", explicó el legislador.