Bussi irá a juicio oral por el cobro de gastos reservados

El ex gobernador Antonio Bussi y sus ex ministros Ramón Arnedo (Hacienda), Franco Fogliata (Producción) y Alberto Germanó (Gobierno) serán sometidos a juicio oral por la presunta comisión de peculado (malversación de caudales públicos), de acuerdo con la decisión adoptada por la sala VI de la Cámara Penal.
A los ex funcionarios se les imputa haber cobrado sumas especiales por fuera de los sueldos establecidos, cuando se desempeñaron en el Poder Ejecutivo. Estas partidas figuraron en los presupuestos como gastos reservados (están prohibidos por la Constitución provincial) o como compensación de gastos (bajo el concepto de cortesía y homenaje), pero sin que fuera necesario rendir cuentas. Esas erogaciones, según la Fiscalía Anticorrupción, ascienden a $ 5 millones (convertibles).
La causa había sido cerrada por el juez de Instrucción Eudoro Albo (hoy camarista), quien sobreseyó a los imputados por considerar que no hubo sustracción de fondos, pero esta medida fue recurrida por el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, ante la Cámara Penal, que revocó el fallo de Albo. Por su resolución, el ex juez afrontó un pedido de juicio político que fue presentado por el diputado nacional José Vitar (ARI).
En el fallo, el camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas concluyó que corresponde investigar por la sola existencia de elementos que hagan sospechar la sustracción de fondos. "Los gastos reservados no son entregados al funcionario para que se los apropie o para que disponga a su arbitrio, ni tampoco constituyen parte de su remuneración", dijo.
El vocal Jorge Duhart cuestionó la resolución de Albo, al sostener que la investigación sobre la conducta de los imputados arroja "el grado de probabilidad necesario y suficiente, que no logró ser desvirtuado por las profusas argumentaciones de los imputados". "El sobreseimiento fue erróneamente dictado, porque esa figura exige de forma insoslayable una certeza que no se configura en la causa", agregó.
La Cámara Penal (Alicia Freidemberg estaba de licencia), no obstante, mantuvo el criterio de Albo de sobreseer a los imputados de los delitos de abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público. Ahora sólo se les imputa peculado, delito penado con prisión o reclusión de entre dos y diez años e inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública.