Primero fue la fiscala María de las Mercedes Carrizo; ahora, su par Carlos Sale. A 19 días de presentada, la denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de delitos en el Ministerio de Salud (Funsal) sigue sin un fiscal que instruya la causa. Ambos funcionarios adujeron, con distintos criterios, que las pesquisas sobre el convenio entre la Fundación Salud y el Siprosa no eran de su competencia, por lo que se inhibieron. Ahora, la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones en lo Penal deberá determinar en qué fiscal recaerá la denuncia. El escándalo se originó luego de que el ministro Pablo Yedlin autorizara un pago de $ 800.000 a Funsal por el dictado de cursos, pese a que esa entidad se inscribió para facturar tres meses después de haber iniciada la capacitación.
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