La denuncia por el pago a una fundación se quedó sin fiscal

Se asemeja a un partido de ping pong, con la diferencia de que lo que pasa de un lado a otro no es una pelotita, sino un expediente. En consecuencia, a 19 días de formulada la única denuncia penal para que se investigue un pago del Siprosa por $ 800.000 a una fundación, en la Justicia ningún fiscal inició la instrucción de la causa.
El 19 de febrero, un día después de que LA GACETA diera a conocer que el Tribunal de Cuentas (TC) había rechazado un pago autorizado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, a la Fundación Salud (Funsal), los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR) requirieron la actuación judicial.
Mediante el Acuerdo Nº 188, el órgano de control objetó la resolución de Yedlin, al encontrar severas irregularidades en el expediente. Por ejemplo, que el documento carecía de un listado con los nombres de los profesores que dictaron un curso sobre endodoncia y que, en la nómina, los nombres de los estudiantes no presentaban número de DNI ni constancia de la Dirección de Personal que certifique su pertenencia al Siprosa. Además, LA GACETA dio cuenta de que la sede social inscripta por Funsal es un departamento céntrico, cuya línea telefónica figura a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario provincial y actual colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.

Largo listado
En el escrito presentado al ministro fiscal, Luis de Mitri, los denunciantes pidieron que se investigue la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita. En el escrito se menciona a Manzur, a Penna, a Yedlin y al titular de Funsal, el odontólogo chileno Héctor Silva Olivares.
En una primera instancia, De Mitri giró la denuncia a la fiscalía de turno, por lo que el expediente recayó en manos de la fiscala María de las Mercedes Carrizo. Sin embargo, esta la remitió el martes de la semana pasada al fiscal Carlos Sale. El lunes, el fiscal se inhibió de actuar y elevó la denuncia a la fiscalía de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. En su resolución, Sale dejó en claro su discrepancia con los conceptos de Carrizo y habló de un "conflicto de actuación". Esto, en alusión a que la fiscala Carrizo había interpretado que correspondía la intervención de Sale porque él se encontraba de turno cuando se iniciaron los cursos dictados por Funsal, el 12 de mayo de 2009.

Causa compleja
"¿Qué relación tiene la fecha de iniciación de los cursos con la fecha del supuesto cohecho o con la fecha del abuso de autoridad o con la fecha de la formación de la presunta asociación ilícita?", se preguntó Sale.
"La presente es una causa de compleja calificación legal y que puede encuadrar encuadrar en diferentes delitos con distintos momentos de ejecución y de consumación, circunstancia que nos conduce a una única solución: no existe una fecha cierta de comisión de un único delito sino probablemente varias de distintos delitos", añadió el fiscal penal de la IV Nominación.
Con esos argumentos, Sale consideró que la actuación debería corresponder a la fiscalía que se encontraba de turno el día en que se presentó la denuncia. "Unica fecha cierta para determinar la competencia", justificó.
A partir de la inhibición de Sale, la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones en lo Penal deberá resolver finalmente qué fiscal tendrá a su cargo la instrucción.