La Justicia y el área de Salud negocian dónde van a tratar a los presos adictos

Las partes sentaron sus posturas. La Justicia ya emitió el oficio que ordena el traslado de siete reos adictos desde el penal de Villa Urquiza al Hospital Obarrio. Por su parte, el Ministerio de Salud intercedió para intentar que el magistrado revea su decisión y propuso que los internos sean asistidos dentro de la cárcel.
Aunque el destino de los presos aún no fue resuelto, las autoridades que intervienen en la pugna tratarán en las próximas horas acercar sus posiciones a fin de llegar un acuerdo.
"Sería muy bueno para la comunidad que esto sea la semilla de algo importante para luchar contra la droga, sin importar que los pacientes sean o no presos", expresó la directora del Obarrio, Nélida Romano. Hoy a las 8, la especialista se reunirá con el vocal de la sala VI de la Cámara Penal, Carlos Francisco Ruiz Vargas, para ofrecerle que visite el hospital que dirige.
El juez se mostró predispuesto a dialogar con las autoridades del área de Salud, pero remarcó que la orden judicial que emitió debe ser cumplida. "Los internos deberían haber sido derivados el sábado o el domingo, porque el escrito fue recogido el viernes por personal de la Dirección de Institutos Penales. Es extraño que todavía no haya recibido ningún informe", expresó. También se maneja la posibilidad de que el magistrado se entreviste con el viceministro de Salud, Alberto Sabaj.
En noviembre, uno de los 78 presos a cargo de la sala VI de la Cámara Penal fue sorprendido con droga en su poder en el penal de Villa Urquiza. Debido a esto, Ruiz Vargas ordenó que todos los reos a su disposición fueran sometidos a estudios de orina por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. El vocal aún no recibió informe completo, pero en diciembre llegó a sus manos un resultado parcial, en el que se señala que ocho de 15 internos habían consumido drogas. Uno de ellos había ingerido psicofármacos; los restantes, cocaína y marihuana. Este último grupo debe ser asistido y desintoxicado en el Obarrio, según lo resuelto el viernes por Ruiz Vargas. Ese día, el personal del hospital protestó y avisó que no prestará servicios en caso de que sean trasladados los internos. Los equipos de psiquiatras, enfermeros y empleados dijeron que el centro asistencial carece de la infraestructura necesaria y que temen por su seguridad. "Yo voy a acatar la decisión de la Justicia, pero aún no recibí ningún oficio ni trasladaron hacia acá a los internos. De todas formas, la cuestión no pasa solamente por ahí, sino por trabajar de la mejor forma", dijo Romano.
Ruiz Vargas remarcó que los reos deben ser asistidos cuanto antes al psiquiátrico. "Esto no se trata de una cuestión que beneficie solamente a los internos, sino a toda la comunidad", dijo.
El juez se mostró preocupado por las demoras en el traslado, que debe ser realizado por guardiacárceles de Institutos Penales. LA GACETA intentó comunicarse con el director de la cárcel, Roberto Guyot, y le transmitió la inquietud a un secretario suyo, pero no obtuvo respuestas.

A largo plazo
"Por ahora no tenemos una propuesta definida. Pero, pensándolo desde el punto de vista de la salud, lo ideal es que el tratamiento que reciban los internos sea fuera del muro, aunque en un sitio de determinadas características. También hay que diferenciar algo: nosotros en el hospital podemos encargarnos de la desintoxicación del paciente, pero esa es sólo la primera parte del tratamiento. Hay que buscar una solución para lo que sigue después, que es lo más complejo", finalizó Romano.